Un juez del Estado de México sentenció este 18 de febrero a seis años de prisión a Víctor Eladio Torres Ortiz por el delito de despojo contra Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota ‘N’, en el caso que cobró notoriedad nacional tras los hechos violentos ocurridos en 2025 en Chalco. La condena se dio mediante procedimiento abreviado, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad por la ocupación ilegal del inmueble.
Sentencia por despojo en Chalco
El caso se remonta al 27 de marzo de 2025, cuando el inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, fue ocupado de manera ilegal por varias personas, entre ellas Víctor Eladio Torres Ortiz. La vivienda pertenece legalmente a Mariana Santana Alfaro.
Durante la audiencia celebrada este 18 de febrero, el acusado reconoció su participación en los hechos y se acogió a un procedimiento abreviado, figura jurídica que permite una reducción de pena a cambio de aceptar la responsabilidad penal.
Con esta resolución, el juez impuso una condena de seis años de prisión por el delito de despojo, delito que en el Estado de México sanciona la ocupación ilegal de un inmueble sin consentimiento del propietario.
Reconocimiento de culpabilidad y carta pública
Como parte del proceso judicial, Víctor ‘N’ emitió una carta de disculpa pública en la que aceptó que su conducta constituyó el delito de despojo. En el documento expresó respeto a la ley, a la propiedad privada y a los derechos de terceros, además de comprometerse a no reincidir.
La disculpa fue considerada por el juez como un mecanismo de reparación simbólica y una garantía de no repetición. No obstante, la pena privativa de libertad se mantuvo conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Ratifican propiedad del inmueble
El exdiputado Arturo Santana, hermano de la víctima, informó que la sentencia permitió ratificar jurídicamente a Mariana Santana Alfaro como legítima propietaria del inmueble, condición que ya había sido validada por la fiscalía desde abril de 2025.
Con esta determinación judicial, se refuerza el reconocimiento legal de la posesión y propiedad del inmueble, elemento central en el conflicto que escaló a nivel nacional.
El contexto del caso Doña Carlota
El proceso por despojo está vinculado a los hechos ocurridos en la comunidad de Candelaria Tlapala, también en Chalco, donde Carlota ‘N’ accionó un arma de fuego contra presuntos ocupantes irregulares del inmueble.
En ese episodio murieron Justin Márquez, de 19 años, y su padre Esau Márquez, de 51, además de resultar lesionado un adolescente de 15 años. El caso generó amplio debate público sobre la invasión de propiedades, la legítima defensa y la actuación de autoridades frente a ocupaciones ilegales.
Actualmente, Carlota ‘N’, junto con Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’, permanece bajo prisión preventiva en el penal de Huitzilzingo, ubicado en Chalco, mientras continúan los procesos judiciales correspondientes.
Impacto social y debate público
El caso puso en el centro de la discusión el delito de despojo en el Estado de México, una problemática que ha generado múltiples denuncias en distintas entidades del país.
Especialistas en derecho señalan que el procedimiento abreviado agiliza la impartición de justicia, pero también abre debate sobre la proporcionalidad de las penas y el acceso a mecanismos alternativos de solución.
Por otro lado, organizaciones civiles han subrayado la importancia de que las autoridades actúen con rapidez ante denuncias de ocupación ilegal, a fin de evitar conflictos que escalen a hechos violentos.
En este caso, la sentencia de seis años marca un precedente judicial en uno de los expedientes más mediáticos relacionados con invasión de propiedades y violencia derivada de disputas por vivienda.
Lo que sigue en el proceso
Aunque el proceso por despojo ha concluido para Víctor ‘N’, el caso continúa abierto en lo que respecta a las responsabilidades penales por los homicidios y lesiones ocurridos en 2025.
Las autoridades judiciales deberán determinar en su momento la situación legal de las personas que permanecen en prisión preventiva, así como el deslinde definitivo de responsabilidades en los hechos violentos.
Mientras tanto, la sentencia por despojo representa un paso en la resolución parcial de un caso que expuso fallas en la prevención de conflictos por ocupación ilegal de inmuebles y que dejó consecuencias penales graves para varias familias.
El caso sigue generando reflexión sobre la protección de la propiedad privada, la actuación institucional y los límites legales en situaciones de conflicto.
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