La Profepa clausuró el 25 de marzo una mini‑refinería ilegal en Coatzacoalcos, Veracruz, por talar vegetación sin permisos, pero la planta siguió operando pese a una multa de 939 602 pesos y un recurso de revisión, según confirmó la dependencia este junio, lo que provocó un operativo federal que terminó con el desmantelamiento de equipos y la recuperación de medio millón de litros de crudo.
Desde marzo, una clausura insuficiente
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspeccionó y clausuró formalmente en marzo una instalación ubicada en lo que fuera la planta de tratamiento Energía Ecorenovable, en Coatzacoalcos. Aunque se aplicó una multa por casi un millón de pesos y se impusieron medidas correctivas, la empresa interpuso un recurso de revisión para impugnar la intervención .
Mientras se esperaba la resolución del recurso, la mini‑refinería no suspendió actividades, en un mecanismo que evidencia el uso de procesos legales para mantener operaciones ilegales.
Una depredación que lleva años
Un análisis de imágenes satelitales de Google Maps revela que en agosto de 2017 el predio aún conservaba abundante vegetación, pero para agosto de 2019 ya funcionaba como planta industrial: camiones y contenedores ocupaban el terreno .
Durante años, la empresa fachada operó sin autorización ni permisos ambientales, pese al rechazo reiterado por parte de autoridades como Semarnat, Sedema y Desarrollo Urbano municipal desde 2019.
Operativo federal desmantela la planta en junio
El 18 de junio, fuerzas federales y estatales ejecutaron un cateo respaldado por orden judicial, tras labores de inteligencia y sobrevuelos.
Se aseguraron más de 500 000 litros de crudo, siete tanques móviles, cuatro verticales y equipo para procesar diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo.
El lugar, a un costado de la carretera Nuevo Teapa–Villahermosa y próximo al complejo La Cangrejera, continuaba operando fuera de la vista pública.
Implicaciones legales y ambientales
El hecho revela fallas en el sistema de vigilancia ambiental. Aunque Energía Ecorenovable solicitó permisos para ser una planta de reciclaje de residuos peligrosos en 2019, su propuesta fue rechazada por carecer de sustento técnico y legal.
No obstante, operó clandestinamente y sin controles, lo cual no solo atenta contra la biodiversidad y el entorno local, sino que impulsa la red de huachicol, señalando un peligro real para la salud pública y el mercado de combustibles.
¿Qué sigue tras el desmantelamiento?
El sitio está ahora bajo resguardo oficial con sellos de aseguramiento, mientras el Ministerio Público y diversas dependencias –incluidas SSPC, Sedena, Semar, GN, FGR y Pemex– integran la carpeta de investigación.
Se investigan posibles complicidades de autoridades municipales o estatales que habrían permitido el funcionamiento prolongado de la mini‑refinería.
La captura de tal volumen de crudo representa un golpe al huachicol, segunda fuente de ingresos del crimen organizado en México.
Lecciones para el futuro
El caso evidencia una brecha entre clausura administrativa y efecto real en terreno. Expertos del sector ambiental y jurídico piden reforzar los mecanismos de supervisión para evitar que clausuras puedan ser evadidas mediante recursos legales.
Además, hacen un llamado por protocolos de vigilancia continua, cooperación interinstitucional y sanciones penales más rígidas contra responsables que atenten contra los recursos naturales y la seguridad nacional.
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