Organizaciones de la sociedad civil exhortaron este martes al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a posponer la entrada en vigor de la reforma electoral, al advertir que su aplicación antes de 2027 podría poner en riesgo la organización del proceso electoral más complejo en la historia reciente de México, debido a cambios estructurales no probados y a una sobrecarga administrativa del sistema electoral.
Advertencia ante un proceso electoral sin precedentes
El llamado fue realizado por el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine), una coalición integrada por Laboratorio Electoral, México Evalúa, Disentir y Práctica, organizaciones que han dado seguimiento técnico y ciudadano a los procesos democráticos del país.
De acuerdo con el Opine, el año 2027 concentrará una combinación inédita de elecciones: la renovación de 19 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 31 congresos locales, cientos de presidencias municipales y la elección de la mitad de los cargos del Poder Judicial. Implementar una reforma estructural justo antes de este escenario, señalaron, incrementa de forma significativa el riesgo de fallas graves.
“Iniciar el proceso electoral más complejo de la historia, con nuevas reglas no probadas y en medio de una reestructuración administrativa masiva, maximiza la probabilidad de errores logísticos”, advirtieron.
Reforma aún sin texto, pero con señales de alerta
Aunque la comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez aún no ha presentado el texto final de la iniciativa de reforma electoral, las organizaciones civiles expresaron reservas sobre algunos de los planteamientos que se han adelantado públicamente.
Entre sus principales preocupaciones está la posible desaparición de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Riesgo de colapso administrativo del nuevo árbitro electoral
Concentración de funciones
El Opine alertó que el nuevo organismo tendría que organizar elecciones federales, locales y judiciales de forma simultánea, además de resolver conflictos poselectorales, lo que podría provocar un “colapso técnico por sobrecarga administrativa”.
Las organizaciones subrayaron que el actual modelo descentralizado permite una mejor gestión territorial de los comicios, mientras que una centralización abrupta pondría en tensión la capacidad operativa del sistema.
Elección de consejeros por voto popular
Politización del árbitro electoral
Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la propuesta de elegir a los integrantes del nuevo organismo electoral mediante voto popular directo. Según el Opine, esta medida introduciría una variable política en órganos que deberían ser eminentemente técnicos.
“Los consejeros podrían responder a intereses de las maquinarias políticas que movilizaron el voto para su elección”, advirtieron, lo que debilitaría la imparcialidad del árbitro electoral.
Riesgo de captura institucional
Las organizaciones señalaron que, en un contexto donde un solo partido o coalición mantiene control del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, existe un riesgo elevado de captura institucional.
Convertir al árbitro electoral en un actor sujeto a dinámicas partidistas, señalaron, podría erosionar la confianza de la oposición y debilitar la legitimidad de los resultados electorales.
Sobrerrepresentación y exclusión de minorías
Eliminación de plurinominales
El Opine también advirtió que la reducción del número de diputados y la eliminación de las diputaciones plurinominales podrían generar un sistema de sobrerrepresentación extrema.
De acuerdo con sus análisis, un partido que obtenga entre 45 y 50 por ciento de los votos podría llegar a controlar entre el 80 y el 100 por ciento de los escaños, dejando sin representación efectiva a las minorías políticas y sociales.
Elección judicial bajo observación
Respecto a la elección de jueces y magistrados, cuya segunda fase está prevista para 2027, las organizaciones recordaron que la primera experiencia fue ampliamente criticada por observadores nacionales e internacionales.
El Opine recomendó establecer candados estrictos de inelegibilidad para impedir la participación de perfiles con militancia o activismo partidista, así como eliminar la insaculación y privilegiar exámenes de oposición rigurosos y transparentes.
Recomendaciones clave al gobierno federal
Además de pedir que la reforma electoral se posponga, las organizaciones propusieron medidas correctivas, entre ellas:
- Fortalecer las sanciones contra la injerencia gubernamental en procesos electorales
- Establecer la inelegibilidad futura o suspensión del cargo para candidaturas beneficiadas con recursos públicos
- Garantizar reglas claras y probadas antes de su aplicación en elecciones de alta complejidad
Un llamado a la prudencia democrática
Las organizaciones civiles insistieron en que la reforma electoral no debe aprobarse ni implementarse con premura, sino construirse con base en evidencia, diagnósticos técnicos y consensos amplios que garanticen elecciones confiables.
A su juicio, posponer los cambios estructurales hasta después de 2027 permitiría corregir fallas, reducir riesgos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
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