Un trabajador agrícola mexicano con más de una década viviendo en Texas y una madre soltera sobreviviente de cáncer con 20 años en Estados Unidos son parte de los migrantes que permanecen detenidos sin derecho a fianza bajo una nueva política de la administración de Donald Trump. La medida, vigente desde julio, ordena al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantener bajo custodia a cualquier persona que haya ingresado sin admisión legal “durante toda la duración de sus procesos de deportación”.
Historias que ilustran la política
El trabajador agrícola, de unos 30 años, fue arrestado en un punto de control donde pasaba a diario. Según su abogado, Pedro López, es un padre ejemplar, sin antecedentes penales, que trabaja en un rancho para mantener a su esposa e hijos, todos ciudadanos estadounidenses. A pesar de su arraigo, el ICE le negó la fianza, lo que complica su defensa y limita la comunicación directa con su representante legal.
Por su parte, Ana Franco Galdamez, madre soltera y sobreviviente de cáncer de mama, fue arrestada el 19 de junio en Los Ángeles durante una operación migratoria masiva. Llevaba más de dos décadas en el país sin contacto previo con autoridades migratorias. Ahora permanece detenida en Adelanto, California, sin acceso a controles médicos y con la fianza denegada, a pesar de cartas de apoyo que acreditan su buena conducta y compromiso familiar.
Impacto y críticas legales
Abogados de inmigración advierten que la política está siendo interpretada por muchos jueces como una orden de negar fianza a todos los casos, lo que deriva en detenciones prolongadas que pueden durar meses o incluso años. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda colectiva contra el Gobierno federal, argumentando que la medida viola leyes de inmigración vigentes desde hace más de 70 años y el derecho constitucional al debido proceso.
Michael Tan, subdirector del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, señaló que la norma “da al ICE un control casi total sobre el encarcelamiento” y que su efecto práctico es “obligar a las personas a aceptar la deportación, incluso si tienen derecho legal a quedarse en el país”.
Consecuencias para familias y comunidades
La política afecta especialmente a personas con vínculos familiares y laborales sólidos en Estados Unidos. Entre los casos documentados por la ACLU hay padres y madres sin antecedentes penales, proveedores económicos de sus hogares, y trabajadores esenciales que llevan años contribuyendo a la economía local.
Expertos advierten que las detenciones prolongadas no solo vulneran derechos individuales, sino que también generan un impacto emocional y económico en familias y comunidades enteras, que quedan separadas indefinidamente.
Siguiente paso legal
La ACLU solicitará que la demanda sea certificada como colectiva a nivel nacional. Si el tribunal falla a favor, se podrían reabrir casos para que los detenidos soliciten fianza bajo el argumento de un cambio de circunstancias.
Tan enfatizó que “la Constitución garantiza a todas las personas en Estados Unidos el derecho a un debido proceso, sin excepción”. La organización confía en que la justicia federal rechace la política, calificándola de “radical y sin precedentes”.
💬 Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en México Se Entere
