El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó en noviembre de 2025 un contrato por más de un millón de pesos, sin licitación pública, a una empresa productora vinculada a la Estafa Maestra, para la realización de una miniserie documental sobre la elección judicial extraordinaria, lo que desató cuestionamientos internos, el deslinde público de la consejera Carla Humphrey Jordan y nuevas críticas por falta de transparencia en la gestión encabezada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.
Una adjudicación directa bajo cuestionamiento
De acuerdo con documentos oficiales y reportes periodísticos, el contrato identificado como AD-0151-2025 fue asignado de manera directa a la empresa GSM Comunicación y Publicidad, propiedad de Gilberto Solís Mendívil, personaje que fue señalado en investigaciones relacionadas con los desvíos de recursos públicos conocidos como la Estafa Maestra, ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El servicio contratado consiste en la producción de una miniserie documental titulada “Elección sin precedente”, integrada por dos capítulos de 30 minutos cada uno, cuyo objetivo es narrar la coordinación entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso inédito para elegir cargos judiciales.
Contrato aprobado sin conocimiento del Consejo General
Uno de los elementos que más controversia generó fue que la adjudicación se realizó sin informar previamente al pleno del Consejo General, máximo órgano de decisión del INE. Varios consejeros se enteraron de la existencia del contrato únicamente después de que la información se hiciera pública en medios de comunicación.
La contratación fue autorizada por la Dirección General de Capacitación Electoral y Educación Cívica, encabezada por Iliana Aracelí Hernández Gómez, área que forma parte de la estructura administrativa que depende directamente de la Secretaría Ejecutiva y, en última instancia, de la presidencia del instituto.
Carla Humphrey se deslinda públicamente
Ante la polémica, la consejera Carla Humphrey Jordan utilizó sus redes sociales para deslindarse “completamente” tanto de la idea como del proceso de contratación de la miniserie. En su mensaje, también cuestionó la participación de personas que habrían estado involucradas en el procedimiento y que, según señaló, perciben recursos del propio instituto.
El deslinde de Humphrey evidenció fracturas internas dentro del Consejo General y reforzó las críticas sobre la manera en que se están tomando decisiones presupuestales relevantes sin discusión colegiada.
El antecedente de la Estafa Maestra
La polémica se agrava debido al historial del contratista. Gilberto Solís Mendívil fue mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con el esquema de desvíos conocido como la Estafa Maestra, en el que dependencias federales canalizaron recursos públicos a universidades y empresas fantasma mediante contratos irregulares.
Aunque no existe una sentencia firme en su contra, su aparición en esos expedientes ha sido suficiente para que especialistas en rendición de cuentas cuestionen la idoneidad de que el INE contrate a empresas con antecedentes de este tipo, especialmente sin un proceso de licitación pública.
Señalamientos hacia la presidencia del INE
Diversos analistas consideran que este caso vuelve a poner en el centro del debate el liderazgo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, bajo cuya gestión se han denunciado decisiones administrativas tomadas sin la deliberación del pleno.
La estructura jerárquica del instituto ha sido señalada por permitir que áreas operativas realicen contrataciones relevantes sin el conocimiento oportuno del Consejo General, debilitando los principios de transparencia, colegialidad y rendición de cuentas.
Impacto en la credibilidad institucional
El hecho de que el INE destine recursos públicos para producir contenido que documente su propio desempeño, y que además lo haga mediante adjudicación directa a una empresa con antecedentes cuestionables, ha generado preocupación entre observadores electorales.
Especialistas advierten que este tipo de decisiones pueden afectar la credibilidad de la autoridad electoral en un momento clave, cuando el instituto enfrenta presiones políticas y un entorno de alta desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Lo que sigue
Se espera que en las próximas sesiones del Consejo General se soliciten explicaciones formales sobre el proceso de contratación y se evalúe la pertinencia de reforzar los controles internos para evitar decisiones similares en el futuro.
El caso podría convertirse en un nuevo punto de inflexión en el debate sobre el uso de recursos públicos, la transparencia institucional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión dentro del órgano electoral.
