Tensión por el agua entre México y Estados Unidos
La presión diplomática por parte de Estados Unidos hacia México se intensificó luego de que el Departamento de Estado informara, el pasado 25 de noviembre, que solicitó al Gobierno mexicano cumplir con su obligación de entregar agua según lo estipulado en el Tratado de Aguas de 1944. La exigencia ocurre en medio de un creciente déficit en las entregas del líquido y en un contexto marcado por sequías, protestas internas y tensiones entre sectores agrícolas en ambos países.
De acuerdo con Washington, la falta de cumplimiento por parte de México ha agravado la escasez en Texas, generando pérdidas millonarias en cultivos y afectando la disponibilidad de agua para productores agrícolas. Esta postura ha sido sostenida durante meses por el gobernador texano Greg Abbott, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins y el senador Ted Cruz, quienes han señalado que México está incumpliendo sus obligaciones internacionales.
El origen del conflicto: un tratado histórico
El Tratado de Aguas de 1944 establece que Estados Unidos debe entregar a México 1.850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, mientras que México debe enviar 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años. Sin embargo, el ciclo 2020-2025 concluyó con menos de la mitad del volumen comprometido por México.
Especialistas como Rodrigo Israel González Velázquez, investigador en gestión hídrica del Colegio de la Frontera Norte, sostienen que aunque legalmente México presenta un déficit, la situación responde a acuerdos previos entre ambos países y a las enormes diferencias de gestión existentes entre las cuencas del río Colorado y del río Bravo. “En el Bravo ha sido imposible que los actores internos se pongan de acuerdo. Desde los años noventa no logran establecer una coordinación clara sobre quién debe ceder agua y en qué proporción”, explica.
El impacto de la crisis hídrica interna
México enfrenta un panorama hídrico crítico. La sobreexplotación de acuíferos, el crecimiento urbano sin planificación, las concesiones excesivas de agua para uso agrícola y una disminución de lluvias de hasta 20% han colocado a varias regiones del país en situación de estrés hídrico severo. Este escenario ha dificultado que México pueda responder de manera eficiente a la demanda de Estados Unidos.
A ello se suma la falta de continuidad administrativa en dependencias clave como la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Según González Velázquez, “la constante rotación de personal impide dar seguimiento adecuado a los acuerdos y compromisos internacionales”.
Presión desde Estados Unidos
La Administración del expresidente Donald Trump ha sido especialmente insistente en señalar el incumplimiento mexicano. En abril, el republicano amenazó con imponer sanciones y aranceles si México no entregaba más de 1.520 millones de metros cúbicos de agua a favor de los agricultores texanos.
“Seguiremos intensificando las consecuencias”, escribió en Truth Social, asegurando que México “no puede violar tratados sin enfrentar repercusiones”.
Protestas y tensiones dentro del país
Mientras Estados Unidos exige el cumplimiento del tratado, el Gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta presiones internas por parte de agricultores mexicanos que rechazan modificaciones propuestas a la Ley de Aguas Nacionales.
Durante varias semanas, campesinos bloquearon carreteras y vías federales en más de 20 estados, señalando que las reformas afectarían sus concesiones de uso agrícola y limitarían la renovación de permisos.
La presión obligó a legisladores de Morena a negociar cambios con el sector agrícola para ajustar la iniciativa.
Escenarios complejos para México
La especialista en derecho ambiental María del Socorro Marquina Sánchez, académica de la UNAM, advierte que la situación es cada vez más grave. México debe entregar a EE.UU. un volumen mínimo de 1.750 millones de metros cúbicos por ciclo de cinco años, pero el país no ha cumplido en los últimos ciclos completos desde los años noventa.
“Una solución para cumplir con el vecino del norte implicaría cerrar el suministro a comunidades mexicanas. Estamos ante un dilema interno y externo simultáneo”, asegura.
Además, la experta señala que la infraestructura hídrica del país es obsoleta y que la sobreasignación de permisos para uso agrícola ha generado un desgaste acelerado de los recursos disponibles.
Postura del Gobierno mexicano
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el pasado 30 de octubre que México cumplirá con el tratado “sin poner en riesgo el consumo humano y la agricultura”.
Por su parte, el Departamento de Estado reiteró su intención de resolver el conflicto mediante la vía diplomática, aunque insistió en que evalúa “todas las opciones disponibles” para garantizar que México cumpla con lo acordado.
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