El Congreso del Estado de Durango aprobó la iniciativa presentada por el diputado Martín Vivanco Lira, de Movimiento Ciudadano, para prohibir y sancionar las terapias de conversión —también conocidas como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o la Identidad de Género)— con penas de hasta seis años de prisión.
La reforma al Código Penal del Estado fue aprobada con 19 votos a favor, lo que convierte a Durango en una de las primeras entidades del país en penalizar estas prácticas consideradas como violaciones a los derechos humanos.
“Estas terapias parten de la idea falsa de que la diversidad se cura. En realidad, son formas de violencia que pueden derivar en tortura o violación. Hoy Durango dice con claridad que amar y ser quien eres no es un delito”, afirmó Vivanco tras la votación.
Nuevo capítulo en el Código Penal
El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia incorporó los artículos 182 quinquies y 182 sexies al Código Penal local, creando el nuevo capítulo titulado:
“Delitos contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas”.
Este apartado establece sanciones de dos a seis años de prisión, además de multas y trabajo comunitario, para cualquier persona que realice, promueva o financie terapias de conversión.
El delito será perseguido de oficio, lo que significa que no requiere denuncia previa para ser investigado.
Agravantes y sanciones más severas
La reforma incluye agravantes cuando las víctimas sean menores de edad o cuando el responsable abuse de una posición de autoridad, como médicos, docentes o servidores públicos.
En esos casos, las penas podrán aumentar hasta la mitad y, si se trata de funcionarios públicos, implicarán destitución e inhabilitación para ejercer cargos.
“Muchas de estas instituciones usan eufemismos o justificaciones religiosas para disfrazar la violencia. Hoy ya no hay margen: es un delito”, subrayó el legislador Vivanco.
Supervisión a centros y clínicas privadas
El diputado también destacó la necesidad de vigilar centros o clínicas que encubren estas prácticas bajo la apariencia de servicios psicológicos o de rehabilitación.
Según organizaciones civiles, en México aún existen espacios que promueven estas terapias, pese a que la Organización Mundial de la Salud y la ONU las han calificado como formas de tortura psicológica y física.
“Erradicar estas prácticas es un paso hacia un Estado más libre y justo, donde la orientación sexual y la identidad de género no sean motivo de castigo”, añadió Vivanco.
Atenuantes para padres y familiares
El nuevo marco legal también prevé atenuantes para padres, madres o tutores que hayan promovido estas terapias por desconocimiento o presión social.
No obstante, la conducta seguirá siendo punible, ya que el objetivo de la ley es proteger la integridad y libertad personal de las víctimas.
Los diputados locales coincidieron en que estas terapias vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Constitución mexicana, como la dignidad humana, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad.
Durango se coloca “del lado correcto de la historia”
En su mensaje final, Vivanco sostuvo que Durango “se coloca del lado correcto de la historia”, al reconocer que la diversidad no es una enfermedad y que la libertad individual no puede ser criminalizada.
“No se puede corregir lo que no está mal. Erradicar la tortura moderna es un paso hacia un estado más libre y justo”, concluyó.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango, consolidando así un avance legislativo histórico en materia de derechos humanos y diversidad sexual en México.
Implicaciones nacionales
Con esta reforma, Durango se suma a entidades como Ciudad de México, Jalisco y Baja California, que ya habían legislado para prohibir los ECOSIG, alineándose con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Diversos colectivos celebraron la decisión como un triunfo para la comunidad LGBTQ+, aunque advirtieron que aún falta vigilar la correcta aplicación de la ley y cerrar los espacios donde estas prácticas continúan operando en la clandestinidad.
🌈 Durango envía un mensaje claro: la diversidad no se castiga, se respeta.
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