Un trabajador identificado como presunto gerente de Elektra fue detenido este martes en el Centro de Campeche, luego de ser acusado de despojar de su motocicleta a un cliente que presentaba pagos atrasados, un hecho que ocurrió a plena luz del día y que desató un enfrentamiento entre ciudadanos y los supuestos cobradores que afirmaban tener autorización para recuperar el vehículo.
El despojo ocurrió sin orden legal ni documentos
De acuerdo con el testimonio del afectado, todo sucedió cuando realizaba compras en una tienda de conveniencia sobre la avenida Satélite. En ese momento, fue interceptado por dos hombres que descendieron de una camioneta Chevrolet blanca con placas DB-1996-G de Chiapas, sin logotipos ni identificación de la empresa.
Los individuos aseguraron ser trabajadores de una empresa de créditos vinculada a Elektra y afirmaron que acudirían a “recuperar” la motocicleta Italika color azul, argumentando que había dos meses de atraso en los pagos.
El denunciante relató que, aunque reconocía el retraso, nunca se negó a continuar con los pagos. Aseguró además que los supuestos empleados no presentaron ninguna orden judicial, documento de cobranza posterior o aval legal que justificara la retención del vehículo.
Ciudadanos cuestionan uso de técnicas de cobranza intimidantes
Según el testimonio del afectado, los hombres simplemente tomaron las llaves y se llevaron la motocicleta, un acto que él calificó como un abuso. De inmediato, se dirigió a la sucursal de Elektra ubicada en la colonia Centro para exigir la devolución de su propiedad.
En ese punto comenzó un fuerte altercado entre el cliente y los presuntos cobradores, quienes insistían en que la recuperación del vehículo estaba respaldada legalmente.
La discusión fue presenciada por decenas de ciudadanos que se encontraban en la zona y que comenzaron a grabar el incidente. Los testigos señalaron que, aunque existiera un adeudo, ninguna empresa tiene facultades para ejecutar decomisos o retenciones sin la intervención de un juez o una orden legal.
Testigos del hecho afirmaron que estas prácticas generan preocupación sobre métodos de cobranza que vulneran derechos ciudadanos y que pueden derivar en abusos o situaciones de riesgo.
Policías municipales detienen al presunto cobrador
El enfrentamiento escaló rápidamente. Hubo empujones, gritos y reclamos de los presentes, lo que obligó a agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal a intervenir.
Tras escuchar los testimonios del afectado y de los ciudadanos que presenciaron la confrontación, los oficiales procedieron a detener a uno de los supuestos cobradores señalado directamente como responsable del despojo.
La situación se tornó tensa, pues comerciantes y vecinos exigieron que se revisaran las irregularidades cometidas durante la retención del vehículo.
El caso llega a la Fiscalía
El detenido y el denunciante fueron trasladados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche. Allí se interpuso la denuncia formal por el presunto delito de robo de vehículo.
La motocicleta y la camioneta utilizada en el hecho quedaron aseguradas como parte de las investigaciones. La autoridad ministerial deberá determinar si los implicados actuaron siguiendo instrucciones de una empresa o si operaban de manera independiente.
Debate ciudadano sobre derechos y procedimientos legales
El caso generó discusión entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes señalaron que este tipo de incidentes pone de relieve la importancia de los procedimientos legales para la recuperación de bienes en casos de adeudos.
Especialistas en materia legal han recalcado que ninguna empresa puede decomisar bienes sin una orden emitida por un juez, ya que esto se considera un acto unilateral que vulnera garantías fundamentales.
Además, recordaron que los ciudadanos tienen derecho a:
- Exigir identificación oficial de cualquier persona que diga representar a una empresa.
- Solicitar documentos que acrediten la orden legal para cualquier retiro de bienes.
- Negarse a entregar un vehículo o artículo sin la presencia de autoridades competentes.
El caso continúa bajo investigación y no se descarta que se amplíe hacia posibles prácticas irregulares de cobranza en la zona.
