El caso del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta volvió formalmente a los tribunales mexicanos luego de 31 años, tras la recaptura del exagente del CISEN Jorge Antonio Sánchez Ortega, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto segundo tirador. El hecho ocurrió este fin de semana cuando un juez federal dictó auto de formal prisión en su contra, reactivando uno de los expedientes más sensibles en la historia política del país.
La decisión ha generado debate jurídico y político porque, según especialistas, la reapertura del expediente ocurre en un contexto donde no existen pruebas nuevas, las líneas de investigación han sido desechadas y retomadas repetidamente desde 1994, y gran parte de la evidencia original se encuentra deteriorada o incompleta por el paso del tiempo.
Un expediente debilitado por décadas
Teorías recicladas y evidencia insuficiente
El constitucionalista Pablo Andrei Zamudio Díaz señaló que la FGR revivió la controvertida teoría del segundo tirador, una hipótesis que ha sido rechazada, recuperada y descartada nuevamente en diversos momentos desde el mismo día del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994.
De acuerdo con el especialista, el resurgimiento del caso se mantiene sobre bases frágiles:
- No hay nuevos peritajes.
- No se han presentado evidencias técnicas recientes.
- Las líneas de investigación originales permanecen fragmentadas.
- La reconstrucción pericial tras más de 30 años es precaria.
El abogado advirtió que, aunque se pretende presentar la reapertura como un avance, la investigación sigue enfrentando un contexto deteriorado: testimonios debilitados, pruebas incompletas y documentos erosionados por el tiempo.
“Es políticamente cómodo”, señalan expertos
Justicia histórica sí avanza; justicia actual no
Zamudio Díaz planteó que, más allá de lo jurídico, esta decisión es políticamente funcional, pues la justicia del pasado ya no incomoda a actores actuales y permite al gobierno sostener una narrativa de “justicia tardía que finalmente llega”.
“Reabrir un expediente histórico es políticamente cómodo: no confronta estructuras actuales, no implica tensiones y no genera costos inmediatos”, explicó.
El especialista insistió en que, mientras se reactivan casos del siglo pasado, la justicia del presente permanece estancada, citando como ejemplo:
- La falta de avances sustanciales en el caso Ayotzinapa.
- Miles de homicidios sin esclarecer.
- Desapariciones que no avanzan más allá de etapas preliminares.
Incluso ironizó que, con esta tendencia, no sería sorprendente que pronto aparecieran “nuevas pistas” sobre crímenes ocurridos hace 100 años, como el asesinato de Francisco Villa.
Un símbolo de la transición mexicana que sigue sin respuesta clara
El regreso del expediente a tribunales revive también las dudas históricas sobre uno de los episodios más impactantes de la política moderna de México. Desde 1994, el magnicidio ha alimentado hipótesis, versiones contrapuestas y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.
Para muchos analistas, el movimiento de la FGR no responde a razones jurídicas, sino a razones narrativas: proyectar acción en un caso que ya no implica riesgos políticos y donde difícilmente surgirán revelaciones decisivas.
¿Qué sigue para el exagente del CISEN?
El reto procesal en un caso mediático
El abogado penalista Adrián Arellano, académico de la UNAM, indicó que la nueva etapa del proceso deberá ser vigilada con especial cuidado para garantizar que no haya violaciones al debido proceso debido al alto impacto mediático.
“Será clave demostrar la vinculación real de Sánchez Ortega con los hechos del 23 de marzo de 1994”, explicó el especialista, quien recordó que el paso del tiempo debilita cualquier intento de reconstrucción precisa.
Arellano señaló que el caso es un recordatorio de que en el derecho penal los procesos pueden reactivarse incluso décadas después, pero ello no exime a la autoridad de asegurar condiciones procesales justas.
Un retorno que abre más preguntas que respuestas
La reapertura del caso Colosio ocurre en un clima nacional donde la exigencia de justicia inmediata es apremiante. Por ello, especialistas insisten en que la reactivación de un expediente histórico solo resalta el contraste con la falta de avances en los crímenes actuales.
Mientras tanto, el país observa cómo un caso emblemático vuelve a los tribunales sin ofrecer claridad sobre lo que realmente ocurrió hace tres décadas en Lomas Taurinas.
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