Abren proceso contra escoltas de la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda en Culiacán, Sinaloa. El Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública estatal inició una investigación administrativa contra dos policías estatales asignados a su custodia. El titular de la dependencia, Sinuhé Téllez López, confirmó que los agentes violaron los reglamentos al ingresar con uniforme oficial a un centro nocturno. Los hechos ocurrieron mientras los oficiales resguardaban al esposo de la legisladora de Movimiento Ciudadano durante un partido de fútbol. El incidente desató acusaciones de Morena por presuntos gritos políticos dentro del establecimiento.
Secretaría de Seguridad sancionará a policías por vigilar en centros nocturnos
La presencia de elementos armados y uniformados en lugares de esparcimiento generó una reacción inmediata de los altos mandos. El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Sinuhé Téllez López, detalló los motivos del procedimiento sancionador. El funcionario estatal indicó que los escoltas incurrieron en una falta grave a sus funciones operativas reglamentarias. Los agentes del orden público ingresaron vestidos con las insignias oficiales de la corporación a un restaurante bar de la capital.
La normatividad vigente prohíbe estrictamente que el personal policial asista uniformado a este tipo de negocios privados de consumo. El general Téllez López precisó que la investigación va dirigida de forma exclusiva hacia el comportamiento de los policías. La diputada local por el partido Movimiento Ciudadano mantendrá los esquemas de protección personal que solicitó previamente. Las autoridades estatales reconocen que la legisladora requiere acompañamiento táctico debido a situaciones de riesgo delictivo sufridas en el pasado reciente.
El origen de la controversia pública se remonta a la transmisión del partido de la Selección Mexicana de fútbol. Decenas de aficionados se congregaron en un conocido establecimiento comercial de Culiacán para observar el encuentro deportivo mundialista. Al finalizar el juego contra la escuadra de Ecuador, un grupo de comensales comenzó a emitir consignas de carácter partidista. Los gritos de rechazo hacia el partido gobernante alertaron a los personajes políticos que coincidieron en el sitio.
Conflicto político entre Morena y Movimiento Ciudadano por uso de escoltas
El evento recreativo escaló rápidamente a la arena política debido a los personajes públicos involucrados en el restaurante. La diputada con licencia y aspirante de Morena, Teresa Guerra Ochoa, se encontraba presente en el mismo salón comercial. Guerra Ochoa identificó al esposo de su excompañera legisladora, Elizabeth Montoya, como uno de los presuntos participantes del incidente. La morenista denunció de inmediato que el ciudadano estaba fuertemente custodiados por los servidores públicos estatales uniformados.
Ante la ola de señalamientos en plataformas digitales, la diputada Elizabeth Montoya Ojeda ofreció una aclaración pública detallada. La legisladora del partido naranja argumentó que los protocolos vigentes de protección institucional cubren por completo a sus familiares cercanos. Su esposo e hijas reciben resguardo en las actividades cotidianas que desempeñan de forma conjunta o por separado en el estado. Montoya justificó que estas medidas extremas resultan necesarias por la violencia que ha marcado su trayectoria.
La representante popular recordó el violento atentado a balazos que sufrió el pasado veintiocho de enero en Culiacán. En esa fecha, la diputada viajaba con el dirigente de su partido, Sergio Torres Félix, cuando fueron emboscados. El ataque armado lesionó de gravedad a la legisladora y le provocó una pérdida visual irreversible en un ojo. Los dictámenes de riesgo emitidos por la fiscalía local determinaron la asignación inmediata de guardias para todo el entorno familiar.
Montoya Ojeda deslindó formalmente a su cónyuge de las protestas generadas contra los militantes del partido oficialista Morena. Explicó que su familiar acudió de forma pacífica a ver el partido de fútbol y no organizó los gritos. Manifestó que las decisiones sobre entrar al bar uniformados corresponden plenamente a los criterios técnicos de los escoltas. El proceso administrativo interno resolverá en los próximos días la gravedad de la amonestación para los oficiales estatales.
La determinación de que abren proceso contra escoltas evidencia la debilidad en los protocolos de protección para funcionarios públicos. Cuidar a los familiares de las víctimas de atentados es legal, pero exhibir armas y uniformes en bares daña la imagen institucional. La Secretaría de Seguridad Pública debe delimitar los alcances de los guardias para evitar confrontaciones políticas innecesarias en Sinaloa. La resolución de este expediente sentará un precedente sobre la conducta de los agentes en espacios de diversión.
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