El empresario Ricardo Salinas Pliego llevará su conflicto fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se ha vulnerado su derecho de defensa y que las autoridades mexicanas han actuado con prejuicio en su contra.
El Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, informó mediante un comunicado que la decisión de acudir a instancias internacionales surge tras lo que considera una “persecución sistemática” por parte del gobierno federal y la falta de voluntad para resolver el tema conforme a las resoluciones judiciales.
“El acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho. En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra; el habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”, indicó la empresa.
Grupo Salinas alega doble cobro del SAT
La compañía reiteró que está dispuesta a pagar los adeudos fiscales que correspondan, pero insistió en que existe un doble cobro sobre los mismos créditos fiscales, lo que, según su interpretación, contraviene las resoluciones judiciales emitidas en el país.
En su mensaje, Grupo Salinas recordó que ha enviado diversos oficios al SAT solicitando la revisión y ajuste de los créditos, así como la creación de un espacio de diálogo que permita aplicar correctamente las sentencias judiciales ya existentes.
“Nuestras empresas enviaron oficios al SAT solicitando el ajuste de los créditos fiscales y la construcción de un espacio de diálogo para implementar las resoluciones anteriormente referidas”, puntualizó.
Respuesta del gobierno federal
Las declaraciones se producen luego de que, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, y la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, se refirieran al caso y negaran la existencia de acuerdos válidos con la empresa.
De acuerdo con los funcionarios, las empresas de Salinas Pliego deben cumplir con sus obligaciones fiscales sin excepciones, subrayando que no hay “persecución”, sino un proceso de cobro legítimo basado en la ley.
Sin embargo, para el conglomerado empresarial, los dichos de la Procuradora Fiscal y las acciones del SAT representan una negativa al derecho constitucional de petición y acceso a la justicia, principios amparados por la Constitución y tratados internacionales.
Argumentos de Grupo Salinas ante la Corte Interamericana
El grupo buscará que la Corte Interamericana revise el caso bajo el argumento de que el Estado mexicano ha incurrido en violaciones a los derechos de defensa y de debido proceso. Según la empresa, se ha ignorado la disposición a conciliar y se ha privilegiado una postura “punitiva” en lugar de técnica.
“Resulta preocupante que, desde una postura de prejuicio y desde la más alta tribuna del país, la Procuradora Fiscal descalifique nuestro derecho al acceso a la justicia”, afirmó Grupo Salinas.
Además, el comunicado subraya que la organización pretende “darle vuelta a la página” y enfocarse en construir valor económico y social en México, apoyando a más de 180 mil colaboradores y 35 millones de clientes.
Una disputa fiscal con tintes políticos
El conflicto entre el SAT y el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego se remonta a los primeros años de la administración de López Obrador, cuando se cuestionaron presuntos adeudos por más de 30 mil millones de pesos. Desde entonces, el empresario ha acusado al gobierno de uso político de las instituciones fiscales y de buscar desacreditarlo públicamente.
Analistas consultados consideran que el caso podría marcar un precedente en la relación entre el sector privado y las autoridades tributarias, especialmente si la Corte Interamericana acepta revisar el expediente y emite medidas cautelares.
Mientras tanto, el SAT mantiene su postura de que ningún contribuyente, sin importar su poder económico, está por encima de la ley.
Diálogo, legalidad y derechos
El caso Salinas Pliego vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mecanismos transparentes y de mediación fiscal que eviten prolongar litigios de alto impacto económico y político.
Más allá de la controversia, especialistas en derecho tributario destacan la importancia de fortalecer la certeza jurídica y la confianza entre los contribuyentes y el Estado.
La llegada del caso a la Corte Interamericana representa un nuevo capítulo en una disputa que podría extenderse más allá del sexenio, con implicaciones tanto para la justicia fiscal mexicana como para el marco internacional de derechos humanos.
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