Un Tribunal Federal dictó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba al ex funcionario de ser el segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994. Los magistrados determinaron que no existen pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. Además, el órgano judicial resolvió que el presunto delito penal prescribió formalmente desde hace doce años. Esta decisión sepulta de forma jurídica la hipótesis de la fiscalía sobre una conspiración política.
Tribunal tumba teoría del segundo tirador en el caso Colosio
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, tomó la determinación definitiva. Los jueces revocaron el auto de formal prisión que se había dictado en contra del implicado. Los magistrados decretaron el sobreseimiento de la causa penal, dejando sin efecto las imputaciones vigentes de las autoridades federales.
La resolución judicial debilita la narrativa que impulsó la actual administración de la FGR para reabrir el expediente. La institución ministerial buscaba comprobar que Mario Aburto Martínez no actuó solo durante el mitin en Lomas Taurinas. Sin embargo, el tribunal advirtió una ausencia total de elementos probatorios contundentes en la investigación.
La orden de libertad se restringe únicamente al expediente relacionado con el asesinato del ex candidato presidencial priista. El acusado podría continuar en prisión si surgen procesos legales pendientes por delitos de otra índole jurídica. La FGR ya no cuenta con herramientas legales ordinarias para revertir el fallo en esta misma carpeta.
Los familiares directos de Luis Donaldo Colosio manifestaron previamente su deseo de cerrar el doloroso capítulo histórico. El hijo del político asesinado pidió otorgar el carpetazo definitivo al caso para evitar el uso político del tema. Incluso, los parientes han apoyado opciones de indulto o liberación para el único sentenciado material.
Las inconsistencias de la FGR y la detención en Tijuana
El ex agente de inteligencia resultó detenido por agentes federales en Tijuana tras reactivarse las órdenes de captura. Un juez de control otorgó la aprehensión después de que dos juzgadores distintos la negaran en años previos. Las negativas anteriores ocurrieron justamente porque la fiscalía carecía de evidencias sólidas para procesar al sospechoso.
La defensa legal de Sánchez Ortega desmanteló los indicios que presentó el Ministerio Público durante las audiencias. Entre las pruebas de la fiscalía destacaba una prenda de vestir con supuestos rastros de plomo y bario. También aportaron la declaración testimonial de una mujer que trabajaba cerca de la zona donde ocurrió el crimen.
Los abogados demostraron que su cliente fue arrestado e interrogado el mismo día del atentado en Tijuana. En aquella ocasión, los peritajes químicos oficiales descartaron rastros de pólvora en las manos del ex funcionario público. Aquella falta de coincidencia técnica provocó su liberación inmediata pocas horas después del ataque en Lomas Taurinas.
El fallo actual consolida la situación legal del único preso por el homicidio del político sonorense. Mario Aburto Martínez continúa cumpliendo su sentencia de cuarenta y cinco años de cárcel en una prisión federal. Las revisiones de la Suprema Corte de Justicia mantuvieron firme su condena, proyectando su salida para el año 2039.
El impacto en el sistema de justicia y la prescripción
La figura de la prescripción extinguió la posibilidad de aplicar castigos penales por los hechos investigados de 1994. El tribunal federal concluyó que los plazos legales para perseguir el delito concluyeron formalmente hace más de una década. El paso del tiempo impide que la FGR intente presentar nuevas acusaciones bajo los mismos conceptos.
Expertos en derecho penal señalan que este resultado expone fallas metodológicas graves dentro de la fiscalía federal. La insistencia en revivir teorías del pasado sin soporte científico suele terminar en reveses judiciales similares ante magistrados. El sistema penal mexicano exige certezas absolutas por encima de sospechas o narrativas de carácter histórico.
La opinión pública vuelve a cuestionar el manejo institucional de los archivos relacionados con magnicidios nacionales. La resolución deja la verdad histórica intacta, señalando a un asesino solitario como el único responsable del crimen. Las delegaciones policiales y judiciales cierran una de las páginas más vigiladas de la política en México.
El destino del ex agente del Cisen tomará rumbos civiles tras comprobarse la invalidez de los cargos criminales. Las oficinas gubernamentales no emitieron comentarios inmediatos respecto a posibles compensaciones por los meses pasados en reclusión preventiva. Las fronteras legales del caso Colosio lucen totalmente agotadas tras este histórico pronunciamiento en Toluca.
La resolución del tribunal pone un punto final definitivo a las intenciones de la fiscalía por cambiar la historia del caso Colosio. La teoría de una conspiración estatal con múltiples atacantes carece de validez dentro de los juzgados del país. Mientras Mario Aburto permanezca recluido, el expediente del magnicidio de 1994 quedará archivado de forma permanente. El fallo judicial demuestra que el tiempo y la ley superan las intenciones políticas de cualquier administración en turno.
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