La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García tras considerar que existen elementos suficientes para analizar una denuncia por la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos familiares. Además, el mandatario fue citado a comparecer ante el Poder Legislativo el próximo 23 de junio, aunque también podrá presentar su defensa mediante escritos a través de su representante legal.
Con mayoría de votos, la Comisión Anticorrupción del Congreso local dio luz verde para iniciar un nuevo procedimiento de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
La decisión fue tomada durante una sesión en la que estuvieron ausentes los diputados de Morena Mario Soto y Rodrigo Montemayor, así como Claudia Chapa, del Partido Verde.
Los integrantes de la comisión concluyeron que la denuncia presentada contiene elementos suficientes para iniciar el procedimiento y continuar con el análisis correspondiente.
El resolutivo señala que existen indicios que podrían presumir una posible responsabilidad del mandatario estatal, por lo que el caso avanzará conforme a la Ley de Juicio Político vigente en la entidad.
Samuel García deberá comparecer ante el Congreso de Nuevo León
Como parte del procedimiento aprobado, la Comisión Anticorrupción acordó citar al gobernador Samuel García para presentar un informe sobre los hechos denunciados.
La comparecencia fue programada para el martes 23 de junio a las 16:00 horas en las instalaciones del Congreso local.
Sin embargo, el mandatario también podrá enviar sus argumentos por escrito mediante su abogado defensor, conforme al procedimiento establecido.
El Congreso instruyó a la Oficialía Mayor y a la Dirección Jurídica para notificar formalmente al gobernador y entregarle copia de la denuncia junto con los documentos que integran el expediente.
¿Puede ser destituido Samuel García?
El dictamen aprobado por la Comisión Anticorrupción aclara que el Congreso local no tiene facultades para separar del cargo al gobernador.
En caso de que el procedimiento avance y concluya con una resolución definitiva, esa decisión correspondería al Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La posible sanción podría incluir la destitución y, en su caso, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, siempre que así lo determine la autoridad competente.
Por ahora, el procedimiento apenas inicia y el gobernador tendrá derecho a presentar su defensa durante el proceso.
Movimiento Ciudadano acusa un procedimiento con fines políticos
Durante la discusión, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, calificó el procedimiento como un «show» político.
La legisladora afirmó que la denuncia presentada carece de pruebas suficientes y sostuvo que gran parte de los señalamientos se sustentan en investigaciones periodísticas.
Pámanes pidió dejar sin efectos la solicitud de juicio político y solicitó que se ampliara la información antes de continuar con el proceso.
Su propuesta no fue aprobada por la mayoría de los integrantes de la comisión.
Morena respalda el inicio del procedimiento
Por su parte, la diputada local de Morena, Grecia Benavides, defendió el avance del juicio político y aseguró que la ciudadanía exige transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La legisladora sostuvo que el gobierno estatal debe rendir cuentas y afirmó que las investigaciones deben seguir su curso para aclarar cualquier posible irregularidad.
También señaló que existen problemas en servicios públicos como movilidad, agua y drenaje, por lo que consideró necesario revisar el actuar del Ejecutivo estatal.
El procedimiento apenas comienza
El inicio del juicio político no representa una destitución automática del gobernador Samuel García.
El proceso continuará con la presentación de pruebas, la comparecencia del mandatario y el análisis jurídico correspondiente antes de cualquier resolución definitiva.
El caso mantiene la atención política en Nuevo León debido a las acusaciones de presunta triangulación de recursos públicos y a las diferencias entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso estatal.
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