El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó este lunes como una “torpeza inconmensurable” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver o reasignar las camionetas blindadas recientemente adquiridas por un monto superior a los 25 millones de pesos, al considerar que la marcha atrás responde más a la presión política y mediática que a un análisis serio de las necesidades de seguridad del máximo tribunal. Las declaraciones fueron realizadas durante una transmisión en vivo en redes sociales, en la que el legislador defendió la compra y cuestionó la planeación institucional de la Corte.
Fernández Noroña reaccionó así a la decisión anunciada por el Pleno de la SCJN de no utilizar los vehículos blindados, luego de varios días de críticas públicas por el alto costo de la adquisición en un contexto de austeridad presupuestal. Para el senador, la devolución no solo exhibe improvisación, sino que podría generar un daño económico adicional al erario.
La crítica directa de Noroña a la Corte
Durante su mensaje, el senador fue contundente al señalar que el episodio refleja una falta de coherencia en la toma de decisiones del Poder Judicial.
“Es una comedia de errores. ¿Por qué las compraron entonces? Dar marcha atrás es una torpeza inconmensurable”, afirmó Fernández Noroña, quien insistió en que las y los ministros de la Corte enfrentan riesgos reales derivados de la naturaleza de sus resoluciones y, por tanto, requieren esquemas de protección adecuados.
El legislador subrayó que la seguridad de los ministros no debería ser objeto de debate político ni mediático, y comparó su situación con la de otros funcionarios de alto nivel que cuentan con medidas especiales de protección sin que ello genere el mismo nivel de cuestionamiento público.
Seguridad institucional vs. percepción de privilegio
Uno de los ejes centrales del posicionamiento de Fernández Noroña fue la defensa del argumento de seguridad. Según el senador, resulta contradictorio aceptar que funcionarios del área de seguridad nacional cuenten con vehículos blindados y, al mismo tiempo, cuestionar que los ministros de la Corte —cuyas decisiones pueden afectar intereses económicos y políticos de gran escala— tengan acceso a protección similar.
“¿Alguien cuestiona que otros altos funcionarios no viajen en vuelos comerciales o usen vehículos blindados?”, planteó, al tiempo que advirtió que la discusión se ha desviado hacia una narrativa de privilegio, sin considerar los riesgos inherentes al cargo judicial.
Esta postura contrasta con el sentir de amplios sectores ciudadanos, que interpretaron la compra como un gasto excesivo y poco sensible frente a las carencias estructurales del sistema de justicia.
El argumento económico: ¿saldrá más caro devolverlos?
Más allá de la discusión política, Fernández Noroña introdujo un elemento financiero al debate. Según explicó, la devolución de los vehículos podría implicar una pérdida inmediata para las finanzas públicas debido a la depreciación natural de las unidades nuevas.
“Un vehículo pierde valor en cuanto sale de la agencia. Puedes perder fácilmente el 20% de lo que se pagó”, advirtió, sugiriendo que la decisión de revertir la compra podría terminar siendo más costosa que mantener los vehículos en operación.
Este argumento ha sido retomado por algunos analistas, quienes señalan que la falta de planeación inicial —y no la rectificación— es el verdadero problema de fondo, pues evidencia deficiencias en los procesos de evaluación y autorización de adquisiciones públicas.
La decisión de la SCJN y el contexto político
La SCJN anunció que solicitará iniciar el proceso de devolución o reasignación de las camionetas blindadas, y que estas podrían ser destinadas a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones. En su comunicado, el tribunal reiteró su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y convocó a una conferencia de prensa para detallar el procedimiento.
La decisión se produjo tras una intensa presión social y mediática, así como luego de que el gobierno federal solicitara información al Poder Judicial sobre el proceso de compra. Para algunos observadores, el repliegue de la Corte busca contener el desgaste de su imagen pública; para otros, abre nuevas interrogantes sobre la transparencia y la planeación del gasto.
Tensiones dentro del oficialismo
Las declaraciones de Fernández Noroña también dejaron al descubierto una fisura discursiva dentro de Morena. Mientras el gobierno federal ha reforzado su narrativa de austeridad y sensibilidad social, uno de los senadores más visibles del partido salió a defender abiertamente un gasto que fue ampliamente cuestionado por la ciudadanía.
Esta divergencia podría tener costos políticos, especialmente en un contexto donde la opinión pública exige coherencia entre el discurso y las decisiones en materia de uso de recursos públicos.
Un debate que trasciende el caso
Más allá de las camionetas, el episodio reaviva un debate estructural: ¿cómo equilibrar la seguridad de los servidores públicos con la obligación de ejercer el gasto con prudencia y transparencia? Para especialistas en administración pública, el problema no es solo el monto, sino la falta de comunicación clara y oportuna que permitió que la compra se percibiera como un privilegio injustificado.
El caso de la SCJN y la reacción de Fernández Noroña muestran que el escrutinio ciudadano ya no se limita al Poder Ejecutivo, sino que alcanza con la misma fuerza a los órganos autónomos y a todos los actores del sistema político.
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