El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que, a partir de septiembre de 2025, aplicará un nuevo sistema de vigilancia sobre los conceptos de pago en transferencias bancarias, con el fin de prevenir fraudes, delitos financieros y lavado de dinero. La medida implica que ciertas palabras quedarán prohibidas y su uso podría ocasionar sanciones, congelamiento de cuentas o investigaciones.
Palabras prohibidas en transferencias
El SAT informó que los términos que generarán alertas automáticas en su sistema incluyen droga, armas, soborno, robo, fraude y lavado, además de frases ambiguas o bromas como “pago secreto”, “plata sucia” o “regalito”.
Estas restricciones aplicarán tanto para personas físicas como morales, por lo que afectan desde transferencias familiares hasta pagos empresariales. El objetivo es que los conceptos sean claros, formales y permitan identificar fácilmente el origen y destino de los recursos.
Posibles sanciones por incumplimiento
De acuerdo con el SAT, quienes violen la disposición podrían enfrentar desde la suspensión temporal del dinero transferido hasta comparecencias para justificar la operación. En casos graves, el dinero podría quedar retenido durante semanas o incluso derivar en bloqueo de la cuenta bancaria, especialmente si ya existen antecedentes de omisión de declaraciones, créditos fiscales firmes o incumplimientos.
Qué conceptos sí estarán permitidos
La autoridad fiscal recomienda el uso de frases simples y claras, como:
- Pago de servicios
- Préstamo personal
- Pago de renta
- Compra de productos
- Aportación familiar
Estas fórmulas garantizan que la operación sea transparente y no genere alertas innecesarias.
Una medida que busca mayor control financiero
Expertos señalan que esta medida refuerza la vigilancia sobre el sistema financiero en México y se enmarca en la estrategia para cerrar espacios al lavado de dinero. Sin embargo, también genera inquietud entre los ciudadanos, que temen que pequeños errores en el concepto de pago puedan ocasionar sanciones desproporcionadas.
La medida entrará en vigor en septiembre de 2025 y se aplicará en todo el país.
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