La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la revisión financiera estatal contra Abelina López Rodríguez. Por unanimidad de votos, el Pleno determinó que el órgano local carece de facultades legales para fiscalizar fondos federales. El fallo judicial analiza el manejo de 898.6 millones de pesos entregados al ayuntamiento de Acapulco durante el ejercicio fiscal 2023.
La resolución de la controversia constitucional aclara que la Auditoría Superior de la Federación mantiene sus facultades fiscales intactas. Las autoridades federales vigilarán el uso del presupuesto para infraestructura sin que esto signifique exonerar a la alcaldesa con licencia.
El conflicto de competencias por los millones de Acapulco
El Pleno de la Suprema Corte resolvió formalmente la controversia constitucional 174/2025 presentada por el municipio guerrerense. El ministro ponente Arístides Rodrigo Guerrero García propuso invalidar de forma definitiva las actuaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. El argumento central del dictamen judicial radica en una invasión de esferas de competencia exclusiva de la federación.
La revisión cancelada pretendía auditar el destino exacto de 898.6 millones de pesos transferidos desde la tesorería federal. Dichos recursos económicos pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El ayuntamiento porteño, bajo la administración de Abelina López, ejecutó esos recursos bajo sospechas de irregularidades administrativas locales.
El ministro ponente aclaró que esta sentencia no significa un perdón legal ni prejuzga el fondo de la cuenta pública. El tribunal constitucional resolvió únicamente cuál es la institución facultada por la ley máxima del país para realizar las inspecciones. En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación es la única que posee los derechos legales para fiscalizar.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece límites claros en sus artículos 74 y 79 sobre los ingresos federales. Las auditorías locales no pueden intervenir en los fondos etiquetados que provienen directamente de los impuestos generales de la república. Los ministros coincidieron en que permitir la duplicidad de funciones genera incertidumbre jurídica y entorpece la rendición de cuentas clara.
La postura de los ministros y las futuras investigaciones de la ASF
El ministro Irving Espinosa Betanzo se sumó al proyecto de invalidez pero lanzó una advertencia clara sobre las consecuencias futuras. Espinosa afirmó que la falta de competencia del órgano estatal no borra las posibles anomalías financieras detectadas en Guerrero. Las dependencias que sí tienen atribuciones legales correspondientes pueden iniciar procedimientos penales o administrativos si detectan desvíos económicos graves.
La alcaldesa con licencia, Abelina López, enfrenta críticas constantes por la falta de transparencia en la reconstrucción del puerto turístico. Ciudadanos y bloques opositores exigen auditorías profundas debido al rezago en los servicios públicos básicos tras los fenómenos meteorológicos recientes. La resolución de la Suprema Corte traslada la presión política y legal de manera directa hacia las oficinas de la ASF en la capital.
Los auditores federales tienen la obligación de revisar los contratos de obra pública firmados con constructoras privadas durante ese año. Si la ASF encuentra inconsistencias en las licitaciones, activará los mecanismos de sanción que incluyen inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. El dinero del FAISMUN tiene reglas de operación estrictas que prohíben su uso en gastos corrientes o salarios de funcionarios.
La fiscalía anticorrupción estatal también podría recibir notificaciones si la federación detecta la comisión de delitos graves en el puerto. El caso de Acapulco se mantiene como un foco rojo de fiscalización debido al volumen del presupuesto asignado para grupos vulnerables. La presidenta municipal con licencia no ha emitido una postura oficial tras conocer el dictamen definitivo del máximo tribunal.
Los municipios de Guerrero vigilan de cerca este precedente judicial para frenar las auditorías estatales que consideran con tintes políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica su papel como árbitro definitivo en las disputas por el dinero público. El informe final de la ASF sobre la cuenta pública de Acapulco determinará el destino político de la exalcaldesa.
Las comisiones de vigilancia de la Cámara de Diputados darán seguimiento al proceso de comprobación de gastos de la gestión 2023. Los legisladores exigen que no exista impunidad en las zonas afectadas por desastres naturales donde los recursos eran urgentes. El dictamen final sobre el uso de los 898 millones de pesos se publicará en los próximos meses del año.
La decisión de la Suprema Corte frena el brazo fiscalizador del estado pero eleva el caso a nivel federal. El manejo de los millones de Acapulco queda bajo el escrutinio exclusivo de una Auditoría Superior de la Federación con mayores herramientas de castigo. El futuro legal de Abelina López dependerá de la pulcritud con la que soporte los gastos ante los inspectores federales.
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