Los agentes federales Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez fueron identificados como los responsables de los disparos que causaron la muerte de Alex Pretti el 24 de enero en Mineápolis, Minnesota, durante un operativo del ICE, según una investigación del medio ProPublica, en medio de protestas nacionales y una investigación federal por presunta violación de derechos civiles.
ProPublica identifica a los agentes implicados
El medio de periodismo de investigación ProPublica reveló los nombres de los dos agentes federales que dispararon contra Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante un operativo migratorio en Mineápolis. Se trata de Jesús Ochoa, agente de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, integrante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La publicación se da tras semanas de presión pública y política, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negara a hacer públicos los nombres de los agentes, incluso ante solicitudes formales del Congreso de Estados Unidos.
Un operativo del ICE que terminó en tragedia
Segundo caso mortal en enero
El tiroteo ocurrió el 24 de enero durante un operativo del ICE en Mineápolis y representa el segundo incidente letal protagonizado por agentes federales en la ciudad en el mismo mes. El 7 de enero, Renee Good también murió tras recibir disparos durante una protesta relacionada con redadas migratorias.
Un informe interno del DHS confirmó que dos agentes, de un grupo de ocho que rodeaban a Pretti mientras se encontraba en el suelo, realizaron al menos diez disparos. Sin embargo, el documento evitó identificar a los responsables.
Críticas al secretismo del gobierno federal
ProPublica justificó la publicación de los nombres señalando que se trata de un caso que merece el máximo escrutinio público. El medio denunció que los agentes dispararon mientras Pretti yacía en el suelo tras ser rociado con gas pimienta y cuestionó que se mantuvieran ocultas sus identidades.
De acuerdo con el medio, esta práctica se aparta de los protocolos policiales habituales y limita la rendición de cuentas. Hasta ahora, las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes no han sido hechas públicas.
¿Quiénes son los agentes señalados?
Jesús Ochoa, Patrulla Fronteriza
Jesús Ochoa, de 43 años, ingresó a la Patrulla Fronteriza en 2018. Según testimonios recabados por ProPublica, era un entusiasta de las armas y poseía una amplia colección de rifles, pistolas y escopetas. Tiene base en el sur de Texas.
Raymundo Gutiérrez, CBP
Raymundo Gutiérrez, de 35 años, se incorporó a la CBP en 2014 y forma parte de un Equipo de Respuesta Especial (SRT), unidades similares a los grupos SWAT. También tiene base en Texas y fue desplegado a Mineápolis como refuerzo de las operaciones migratorias.
Respuesta oficial y versiones encontradas
El DHS informó que ambos agentes fueron suspendidos, mientras que el Departamento de Justicia (DOJ) abrió una investigación por posibles violaciones a los derechos civiles.
No obstante, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el caso como “terrorismo doméstico”. En contraste, el entonces jefe de operaciones migratorias en Mineápolis, Gregory Bovino, afirmó que los agentes intentaron desarmar a Pretti y que este se resistió de forma violenta.
Días después, el presidente Donald Trump ordenó la remoción de Bovino y su reemplazo por Tom Homan, exdirector del ICE y actual “zar de la frontera”.
Protestas, presión política y exigencias internacionales
Las revelaciones intensificaron las protestas en Mineápolis y otras ciudades del país. Organizaciones como Human Rights Watch exigieron una investigación independiente, la suspensión de los operativos del ICE en la ciudad y mayor transparencia por parte del gobierno federal.
El sábado, Trump ordenó retirar a los agentes federales de las protestas en ciudades gobernadas por demócratas, aunque aseguró que las operaciones migratorias continuarán.
Un caso clave para el debate nacional
La muerte de Alex Pretti se ha convertido en un punto central del debate sobre el uso de la fuerza por parte de agencias federales, la transparencia institucional y los límites de los operativos migratorios en zonas urbanas.
La identificación de los agentes por parte de ProPublica aumenta la presión sobre el DHS y el DOJ para acelerar las investigaciones y definir si existen elementos para presentar cargos criminales.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en México Se Entere
