El gobierno de Estados Unidos advirtió ante una corte federal que Nicolás Maduro no puede pagar su defensa legal utilizando recursos del gobierno de Venezuela, debido a que tanto él como el propio Estado venezolano se encuentran bajo sanciones financieras. La postura fue presentada esta semana por fiscales del Departamento de Justicia ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en respuesta a una solicitud de la defensa del exmandatario.
El posicionamiento oficial fue incluido en un documento judicial de 42 páginas firmado por el fiscal Jay Clayton, en el que se rechaza la petición del abogado privado de Maduro, Barry Pollack. La defensa había solicitado que el proceso fuera cancelado argumentando supuestas violaciones al derecho del acusado a contar con una defensa adecuada. Sin embargo, el gobierno estadounidense sostuvo que la solicitud no tiene fundamento legal y que el acusado cuenta con opciones para representar su defensa sin recurrir a recursos públicos venezolanos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impiden que Maduro, su esposa Cilia Flores y el propio gobierno venezolano realicen operaciones financieras en jurisdicción estadounidense. Estas restricciones también aplican a terceros que intenten usar recursos provenientes de entidades sancionadas para financiar actividades dentro del sistema legal de Estados Unidos.
Los fiscales explicaron que la OFAC ya autorizó una licencia especial que permite a Maduro pagar honorarios legales utilizando fondos personales o recursos propios. Sin embargo, dicha autorización no contempla el uso de dinero controlado por el gobierno venezolano, ya que este también se encuentra sujeto a sanciones. Según el documento judicial, permitir ese tipo de financiamiento violaría directamente las normas vigentes del régimen de sanciones económicas aplicadas por Washington.
Otro de los argumentos presentados por los fiscales es que el gobierno estadounidense no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Por esta razón, indicaron que no existe base legal para que el acusado reciba beneficios o recursos provenientes del Estado venezolano dentro de un proceso judicial en Estados Unidos. El documento señala que, desde la perspectiva del gobierno estadounidense, Maduro no tiene estatus de funcionario legítimo que justifique el uso de fondos públicos para su defensa.
Finalmente, el Departamento de Justicia pidió al juez que evalúe la situación financiera de Maduro y de su esposa para determinar si cuentan con recursos personales suficientes para pagar un abogado privado. En caso de que no dispongan de dichos fondos, los fiscales sugirieron que el tribunal asigne un abogado de oficio para garantizar el derecho a la defensa sin violar las sanciones económicas vigentes.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en México Se Entere
