El presidente Donald Trump decidió poner fin al operativo migratorio en Minnesota este 12 de febrero de 2026, tras dos meses de redadas masivas en el área de Minneapolis-St. Paul que dejaron más de 4 mil arrestos, protestas violentas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses. La decisión fue confirmada por el zar fronterizo Tom Homan, quien defendió los resultados, mientras encuestas nacionales reflejan un creciente rechazo ciudadano.
La medida marca el cierre de lo que el propio Departamento de Seguridad Nacional calificó como “la mayor operación de control de inmigración jamás realizada” en Estados Unidos.
Trump retira operativo migratorio en Minnesota tras presión social
El anuncio de que Trump retira operativo migratorio en Minnesota ocurre en medio de fuertes cuestionamientos por el impacto humano y político de las redadas. Desde el 1 de diciembre, más de mil 500 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con apoyo del FBI, la ATF y el Servicio de Alguaciles Federales, realizaron operativos en viviendas, centros laborales y espacios públicos.
Tom Homan sostuvo que la estrategia “dejó a Minnesota más seguro” y aseguró que entre los detenidos había cientos de personas con antecedentes penales graves. Sin embargo, evitó responder directamente sobre las muertes de Renee Good y Alex Pretti.
Las muertes que cambiaron el debate
Renee Good, de 42 años, murió tras recibir un disparo cuando agentes federales ingresaron a su vivienda en busca de un migrante que no se encontraba en el lugar. Días después, Alex Pretti, de 38 años, falleció tras ser baleado durante una manifestación en Brooklyn Park.
Ambos casos detonaron protestas y demandas civiles contra el gobierno federal. Las familias exigen justicia y la destitución de los agentes involucrados.
Encuestas revelan rechazo ciudadano
El contexto político fue clave en la decisión. De acuerdo con una encuesta de AP-NORC, seis de cada diez adultos en Estados Unidos consideran que Trump “ha ido demasiado lejos” al desplegar agentes federales en ciudades del país.
El sondeo también indica que una mayoría percibe las redadas como excesivas, incluso entre votantes independientes. Aunque la base republicana respalda la estrategia, el rechazo en otros sectores ha generado un debate nacional sobre los límites del poder federal en materia migratoria.
Impacto en comunidades locales
Durante el operativo, organizaciones civiles reportaron un clima de miedo en comunidades latinas y somalíes del estado. Activistas denunciaron arrestos en espacios públicos y una fuerte presencia de agentes armados.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, criticó desde el inicio la operación y pidió informes detallados sobre los protocolos utilizados. “No podemos permitir que nuestras calles se conviertan en zonas de guerra”, declaró.
El anuncio de que Trump retira operativo migratorio en Minnesota no implica el fin de las redadas en el país. Homan adelantó que nuevas operaciones podrían concentrarse en Illinois, Nueva York y California.
Contexto político y electoral
Analistas señalan que la decisión ocurre en un momento sensible para la Casa Blanca, ante la cercanía de elecciones legislativas y una ligera caída en los niveles de aprobación presidencial.
La operación en Minnesota había sido presentada como modelo para replicarse en otras ciudades consideradas “santuario”. Sin embargo, el costo político, las demandas judiciales y el impacto mediático por las muertes habrían influido en el repliegue.
Organizaciones como la ACLU han anunciado que continuarán litigando contra las redadas masivas, argumentando posibles violaciones a derechos civiles.
¿Qué sigue tras el retiro?
Aunque Trump retira operativo migratorio en Minnesota, el gobierno federal mantiene su estrategia de reforzar la aplicación de leyes migratorias en otros estados.
Para las familias afectadas, el cierre del operativo no significa el fin del conflicto. Las demandas judiciales continúan y el debate sobre seguridad, migración y derechos civiles sigue abierto.
La discusión ahora se centra en si el modelo aplicado en Minnesota fue efectivo o si dejó más división social que resultados sostenibles.
La pregunta de fondo permanece: ¿cómo equilibrar la aplicación de la ley con la protección de derechos fundamentales?
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