Un juez federal vinculó a proceso al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, durante una audiencia celebrada el 10 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal, donde se determinó que enfrentará el proceso desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, tras ser acusado de participar en la privación ilegal de la libertad de dos aspirantes a la presidencia municipal en 2021.
La resolución judicial confirma que el edil permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras la Fiscalía General de la República (FGR) integra la investigación complementaria.
Juez federal determina vinculación a proceso
La decisión de vinculan a proceso al alcalde de Tequila fue emitida por el juez de control Mario Elizondo Martínez, quien consideró que existen datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal en contra de Diego Rivera Navarro.
Durante la audiencia, la autoridad judicial reclasificó el delito para incorporar el agravante de que los hechos presuntamente fueron cometidos por servidores públicos en funciones.
Rivera Navarro fue detenido por elementos de la FGR en su domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo, en el municipio de Tequila. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, donde permanecerá mientras avanza el procedimiento judicial.
Acusaciones por secuestro en 2021
De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por la FGR, el alcalde es señalado como probable responsable del secuestro de Guillermo Cordero García, entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y su suplente Julio Alejandro García Gutiérrez.
Presunta privación ilegal y agresiones
Los hechos habrían ocurrido en marzo de 2021. Según los datos de prueba, ambas víctimas fueron privadas de la libertad, golpeadas y sometidas a presiones físicas y psicológicas con el objetivo de obligarlas a renunciar a sus aspiraciones políticas.
El Ministerio Público federal sostiene que el secuestro tuvo como finalidad alterar el proceso electoral municipal. La defensa del edil ha negado las acusaciones y anunció que analizará los recursos legales correspondientes.
Funcionarios municipales también vinculados
En la misma resolución judicial en la que vinculan a proceso al alcalde de Tequila, también fueron procesados Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro y Licencias.
Ambos funcionarios fueron señalados como presuntos cómplices en la comisión de los delitos y permanecerán recluidos en el penal federal número 14, en el estado de Chiapas.
La autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para que la FGR concluya la investigación complementaria y determine si el caso será llevado a juicio oral.
Investigación por presuntos vínculos criminales
Fuentes ministeriales indicaron que Diego Rivera Navarro también es investigado en otras carpetas por posibles esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en la región Valles de Jalisco.
Las líneas de investigación incluyen el análisis de transferencias bancarias, comunicaciones y reuniones presuntamente sostenidas con operadores financieros vinculados a una célula delictiva con posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Hasta el momento, no existe imputación formal por estos hechos adicionales; sin embargo, forman parte de las indagatorias en curso.
Impacto político en Tequila
La resolución en la que vinculan a proceso al alcalde de Tequila genera un escenario de incertidumbre política en el municipio, considerado Pueblo Mágico y uno de los principales destinos turísticos del país.
El ayuntamiento no ha emitido un posicionamiento oficial tras la audiencia. Fuentes del cabildo señalan que se analizan las rutas legales para definir la gobernabilidad municipal.
Organizaciones empresariales del sector tequilero expresaron preocupación por las presuntas redes de extorsión que podrían afectar la cadena productiva y la imagen internacional de la región.
Proceso judicial en curso
Con la vinculación a proceso, los imputados enfrentarán el procedimiento penal bajo prisión preventiva oficiosa. De confirmarse su responsabilidad, podrían alcanzar penas de hasta 80 años de prisión conforme a lo establecido en la legislación vigente.
La defensa del alcalde podrá interponer recurso de apelación contra la resolución judicial, aunque especialistas en derecho penal señalan que los datos de prueba presentados por la FGR fueron considerados suficientes para sostener la imputación inicial.
En los próximos cuatro meses, la Fiscalía deberá integrar el dictamen final de la investigación complementaria, que determinará si existen elementos para llevar el caso a juicio oral.
La decisión de vinculan a proceso al alcalde de Tequila marca un punto relevante en el combate a la corrupción y la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, un fenómeno que ha sido señalado como uno de los principales retos en materia de seguridad pública en el país.
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