En Caracas, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha propuesto ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, una controvertida «Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares». Esta medida, impulsada por Nicolás Maduro, tiene como objetivo aparente salvaguardar al pueblo venezolano de lo que el régimen considera como violencia fascista.
La ley, compuesta por 30 artículos, pretende sancionar duramente acciones y discursos que promuevan el fascismo, incluso aquellos compartidos a través de las redes sociales. Según Rodríguez, esta legislación surge como respuesta a los disturbios relacionados con las protestas de 2014 y 2017, y a ciertas consignas de la oposición, que el gobierno asocia con movimientos fascistas.
La propuesta legislativa va más allá, al describir el neoliberalismo y el conservadurismo moral como características del fascismo, aunque sin brindar una definición clara de estos términos. Además, proscribe la emisión de mensajes que, a juicio del gobierno, menosprecien la democracia y sus instituciones.
Este proyecto de ley no solo busca desarticular ONGs y partidos políticos opositores bajo la etiqueta de fascismo, sino que también contempla sanciones penales y administrativas severas. Incluso se plantea la revocación de concesiones a medios de comunicación que difundan mensajes considerados prohibidos, así como imposición de multas significativas a medios impresos y electrónicos.
La oposición y diversas voces de la sociedad civil venezolana alertan sobre las verdaderas intenciones de esta ley, la cual, a su parecer, apunta a la criminalización de la disidencia, especialmente en un contexto de año electoral. Este proyecto de ley, aún pendiente de una segunda discusión para su aprobación final, plantea serios interrogantes sobre la libertad de expresión y el futuro de la democracia en Venezuela.
