La madrugada del miércoles 24 de julio, un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) provocó una crisis social en Tulum, Quintana Roo, tras el desalojo violento de familias asentadas en la colonia irregular Tren Maya. El hecho, sin orden judicial visible, derivó en bloqueos carreteros, enfrentamientos, acusaciones de abuso policial y presuntos vínculos entre autoridades y grupos de choque.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 a.m., cuando elementos estatales y municipales irrumpieron en la colonia ubicada a seis kilómetros de la cabecera municipal. Según los testimonios, la intervención fue violenta y se habrían sustraído pertenencias de los pobladores.
Testimonios señalan participación de civiles armados
La situación escaló cuando en redes sociales comenzaron a circular videos de supuestos integrantes de un grupo de choque que habrían participado en el operativo. En los testimonios, los hombres aseguran que fueron reclutados por personal de la FGE con la instrucción de “entrar con fuerza” y sacar a los habitantes por la fuerza.
Uno de ellos, desde un campamento en Aldea Tulum, narró cómo algunos de sus compañeros robaron motocicletas, electrodomésticos y herramientas de los desalojados. Estas declaraciones, aún sin ser confirmadas por la autoridad, han desatado indignación social y preocupación por el papel de las instituciones.
Habitantes bloquean la carretera federal
En respuesta al desalojo, habitantes afectados bloquearon la carretera federal 307, que conecta Tulum con Felipe Carrillo Puerto. Utilizaron llantas en llamas, piedras y troncos para interrumpir el tránsito. El humo, intenso y denso, generó complicaciones respiratorias y una larga fila de vehículos varados.
Algunos automovilistas cruzaron el bloqueo entre fuego y humo para salir de la zona. No se permitía el paso a nadie, incluyendo personas enfermas, lo que intensificó la presión sobre las autoridades.
Denuncias de abusos y exigencias ciudadanas
Los habitantes señalaron que el operativo se realizó sin orden judicial y que hubo uso excesivo de la fuerza, incluso contra mujeres. Algunos pobladores fueron detenidos y trasladados a la cárcel municipal.
Exigen la intervención inmediata de la gobernadora del estado para regresar al asentamiento o, en su defecto, recibir un terreno digno donde reubicarse. También solicitan la devolución de sus pertenencias y una investigación sobre los abusos denunciados.
Alcalde Diego Castañón bajo presión
La figura del presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, ha sido fuertemente cuestionada tras el operativo. La participación de la policía municipal en el desalojo y los testimonios que vinculan al gobierno con grupos de choque, han encendido las alarmas.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento ni la Fiscalía han emitido una postura oficial. La falta de respuesta agrava la percepción de impunidad y desgobierno.
Crece tensión social en Tulum
Este incidente se suma a una creciente serie de reclamos ciudadanos contra las autoridades de Tulum, a quienes acusan de represión, despojo y complicidad con intereses inmobiliarios y privados.
Organizaciones de derechos humanos, medios y sociedad civil han comenzado a documentar los hechos para exigir rendición de cuentas y garantías de no repetición.
Tulum, considerado uno de los polos turísticos más importantes de México, enfrenta ahora una crisis de gobernabilidad, donde el respeto a los derechos humanos y el uso legítimo de la fuerza pública están siendo puestos en duda.
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