Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, advirtió que iniciará ataques por tierra contra objetivos en Venezuela “muy pronto”, en lo que calificó como una nueva fase de su estrategia contra el narcotráfico. El anuncio fue realizado este miércoles durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, donde también participó el secretario de Defensa, Pete Hegseth. La declaración desató preocupación internacional, especialmente en América Latina, al implicar una posible violación de soberanía y riesgo de conflicto regional.
Trump afirmó que Washington “sabe las rutas, los movimientos y los lugares donde operan los criminales”, asegurando que un operativo terrestre sería “más fácil” y “más efectivo”. Según el mandatario, el objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, que —dijo— causa más de 200,000 muertes al año, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que las muertes recientes por sobredosis rondan las 80,000 anuales.
Ofensiva militar en el Caribe y el Pacífico
Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo bombardeos contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico, acciones que ya han dejado más de 80 muertos, según cifras del Pentágono. Hegseth aseguró que el país “apenas ha comenzado” la ofensiva, justificando los ataques como una medida de protección para la población estadounidense.
Sin embargo, organizaciones civiles y legisladores estadounidenses han denunciado que estas operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, especialmente tras revelarse que en un ataque reciente se habría abatido a sobrevivientes de un primer bombardeo. La Casa Blanca negó que Hegseth ordenara estas acciones y responsabilizó al almirante Frank Bradley, quien dirigió la operación.
Washington movilizó incluso el portaviones más grande del mundo, acompañado de buques de guerra y aviones de combate, como parte del despliegue militar que el gobierno insiste que está orientado al combate al narcotráfico.
Caracas responde: “Es un acto de guerra”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a las declaraciones de Trump advirtiendo que “amenazar la soberanía de Venezuela o de cualquier nación latinoamericana es declarar guerra”. En un mensaje desde su cuenta oficial de X, pidió a Washington evitar una escalada que dañe dos siglos de relaciones diplomáticas.
La tensión creció aún más luego de que Trump afirmara que “cualquier país que trafique drogas a Estados Unidos podría ser atacado”, señalando explícitamente a Colombia, principal productor de cocaína del mundo. El mandatario también lanzó un discurso antimigrante, calificando a parte de los migrantes venezolanos como “asesinos” y “narcotraficantes”, declaraciones que contradicen datos oficiales que indican que los migrantes muestran baja incidencia en delitos violentos.
Polémica por ataques recientes
El primer ataque de septiembre dejó 11 muertos y abrió el paso para una veintena de operaciones posteriores. Los medios estadounidenses han documentado que dos sobrevivientes del ataque inicial fueron abatidos en un “segundo asalto”, lo que podría constituir un crimen de guerra bajo estándares internacionales.
El Pentágono afirma que no existe evidencia de ilegalidad y que los ataques se realizaron “bajo la autoridad y conforme a la ley”. Sin embargo, críticos señalan que Estados Unidos no ha presentado pruebas que demuestren que los blancos eran efectivamente narcotraficantes.
Un conflicto que puede escalar
Analistas internacionales advierten que, de concretarse ataques terrestres dentro de territorio venezolano, se abriría un conflicto sin precedentes entre Estados Unidos y un país sudamericano desde la invasión a Panamá en 1989. La reacción regional es incierta, pero naciones como Colombia y Brasil ya han manifestado preocupación diplomática por la situación.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos piden investigaciones independientes sobre la ofensiva en el Caribe, donde 83 personas han muerto sin que se hayan presentado evidencias claras sobre su relación con el narcotráfico.
El escenario plantea enormes riesgos para la estabilidad de la región, en un contexto donde la política antidrogas estadounidense vuelve a centrarse en acciones militares de alto impacto.
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