Durante una gira de trabajo realizada esta semana en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el refuerzo de la seguridad en la región conocida como el Triángulo Dorado mediante mayor presencia de la Guardia Nacional, así como la restitución de tierras a comunidades indígenas, como parte de la estrategia federal para atender demandas históricas de seguridad, justicia social y desarrollo regional.
Refuerzo de seguridad en el Triángulo Dorado
La presidenta explicó que el reforzamiento de la seguridad en el Triángulo Dorado responde directamente a las solicitudes de las comunidades serranas, que han expresado preocupación por la falta de vigilancia en caminos rurales, comunidades apartadas y zonas de difícil acceso. La estrategia contempla un aumento en la presencia de elementos de la Guardia Nacional, particularmente en rutas clave de comunicación y localidades con mayores problemas de inseguridad.
Coordinación con autoridades estatales y locales
Sheinbaum subrayó que la estrategia no se limita al despliegue de fuerzas federales, sino que se basa en la coordinación permanente con autoridades estatales y municipales. En ese sentido, destacó la colaboración con el gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, para atender de manera conjunta los retos de seguridad y gobernabilidad en la región serrana.
“La seguridad no se construye desde un solo nivel de gobierno. Requiere coordinación, presencia territorial y atención directa a las comunidades”, afirmó la mandataria ante habitantes de la zona.
Restitución de tierras a pueblos indígenas
En el mismo acto, la presidenta firmó el decreto presidencial para la restitución de tierras a la comunidad ódami de Malanoche. El documento establece la devolución de aproximadamente tres mil hectáreas como parte del Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara.
Un acto de justicia histórica
Sheinbaum señaló que la restitución de tierras representa un paso fundamental para saldar deudas históricas con los pueblos originarios, quienes durante décadas han denunciado despojos, rezagos sociales y falta de reconocimiento a sus derechos territoriales. El decreto, dijo, busca garantizar certeza jurídica sobre la tierra y fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas.
Autoridades tradicionales de la comunidad ódami estuvieron presentes durante la firma del decreto, que se realizó en la localidad de Santa Tulita, y reconocieron el acto como un avance significativo en la defensa de sus derechos.
Demandas de las comunidades serranas
Durante el encuentro con la presidenta, habitantes del Triángulo Dorado aprovecharon el espacio para exponer diversas demandas sociales que, aseguraron, siguen sin resolverse en muchas localidades de la Sierra Tarahumara.
Rezagos en infraestructura y servicios
Entre las principales solicitudes se encuentran mejoras en electrificación, acceso a internet, construcción y mantenimiento de carreteras, así como mayor cobertura educativa y de salud. De manera particular, los pobladores pidieron garantizar la permanencia de personal médico en comunidades alejadas, donde la atención suele ser intermitente.
Sheinbaum afirmó que estas peticiones serán canalizadas a las dependencias correspondientes y que forman parte de una visión integral de desarrollo, donde la seguridad va de la mano con el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas.
Seguridad y desarrollo, ejes de la estrategia federal
La presidenta reiteró que su gobierno busca atender las causas estructurales de la violencia, combinando acciones de seguridad con programas sociales y proyectos de desarrollo regional. En el caso del Triángulo Dorado, enfatizó que la presencia del Estado debe traducirse en bienestar tangible para la población.
“Garantizar la paz implica también garantizar derechos, tierra, servicios y oportunidades”, sostuvo Sheinbaum, al tiempo que aseguró que el seguimiento a estos compromisos será permanente.
Un mensaje político y social
El anuncio realizado en Guadalupe y Calvo tiene también una lectura política: mostrar la presencia directa del Ejecutivo federal en una de las regiones históricamente más complejas del país, tanto por su geografía como por los problemas de seguridad que la han marcado.
Analistas consideran que la combinación de refuerzo de seguridad y restitución de tierras busca enviar un mensaje de atención integral, especialmente hacia comunidades indígenas que han sido marginadas durante décadas.
Seguimiento a los compromisos
La presidenta informó que las acciones anunciadas no serán aisladas y que se establecerán mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto del despliegue de seguridad y el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades indígenas.
Asimismo, reiteró que el Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara continuará avanzando en otros municipios de la región, con nuevos procesos de restitución de tierras y proyectos de infraestructura social.
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