Sheinbaum promete frenar el huachicol fiscal
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno aplicará una política de cero impunidad contra los responsables del llamado huachicol fiscal, un esquema de corrupción basado en la importación irregular de combustibles para evadir impuestos. El caso más reciente involucra a un buque cargado con diésel que ingresó a Tampico bajo un permiso temporal con una declaración falsa sobre la sustancia transportada.
De acuerdo con la mandataria, las investigaciones han tomado tiempo porque requieren reunir pruebas sólidas para judicializar los casos y evitar que las detenciones se caigan en tribunales.
Origen de la investigación
La operación comenzó hace dos años, cuando el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre irregularidades en la importación de combustibles. El buque detectado en Tampico marcó un punto clave: reportaba transportar un material distinto, pero en realidad llevaba diésel, lo que permitió abrir una línea sólida de investigación.
La presidenta recordó que uno de los primeros pasos de su gobierno fue prohibir el ingreso de estas sustancias bajo permisos temporales, con el fin de cortar las rutas de evasión que permitían la venta de combustible sin el pago de impuestos.
La red de complicidades
Según la investigación, el modus operandi consistía en introducir diésel al país bajo permisos especiales, venderlo a gasolineras o flotillas, y generar altas ganancias sin cubrir las contribuciones fiscales. Este esquema, además de generar pérdidas al erario, permitía a empresarios obtener ventajas ilegales frente a competidores que sí cumplen con la ley.
Entre los señalados figura un sobrino del exsecretario de Marina, aunque la presidenta recalcó que el propio almirante Ojeda fue quien denunció los hechos ante la FGR, lo que evidencia la disposición de colaborar en el combate a la corrupción.
Importaciones irregulares y vacíos legales
Sheinbaum explicó que las importaciones temporales están pensadas para productos que reciben valor agregado en México y luego son exportados, como sucede en la industria del calzado. Sin embargo, en el caso del diésel, se usaba este esquema para evitar impuestos y vender el combustible en territorio nacional, disfrazando la operación como legal.
“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad, cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es detener a todos aquellos que estén involucrados”, puntualizó la presidenta.
Acciones de la FGR y las secretarías
La investigación ha contado con la coordinación de la FGR, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional. La aduana de Tampico, bajo control de la Marina, fue clave para detectar las irregularidades y documentar el caso.
De acuerdo con la mandataria, la prioridad es que los responsables enfrenten la justicia con pruebas contundentes, ya que la evasión fiscal en combustibles afecta directamente a los ingresos públicos y fomenta la corrupción en sectores estratégicos.
Un compromiso presidencial
La presidenta reafirmó que su administración no permitirá la continuidad del huachicol fiscal. Reiteró que este tipo de esquemas socavan la confianza en las instituciones y golpean la economía nacional. “Se trata de frenar el entramado de corrupción, detener a quienes resulten responsables y garantizar que no haya complicidad desde ninguna instancia de gobierno”, enfatizó.
La promesa de cero impunidad busca enviar un mensaje a empresarios y funcionarios: cualquier acto ilegal relacionado con importaciones de combustible será castigado con todo el peso de la ley.
El caso del buque con diésel irregular en Tampico representa una muestra de cómo las redes de corrupción operan en la importación de combustibles. Las acciones de la FGR, respaldadas por la Presidencia, apuntan a un cierre de filas contra el huachicol fiscal y a un mensaje claro: nadie quedará impune.
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