La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este miércoles que la justicia no debe utilizarse como una vendetta política, al pronunciarse sobre la detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche. Durante su conferencia matutina, realizada en Palacio Nacional, la mandataria informó que solicitó informes a las autoridades federales para conocer el sustento jurídico del caso, subrayando que ninguna persona está por encima de la ley, pero que su gobierno no tolerará detenciones arbitrarias ni expedientes fabricados.
Sheinbaum fija postura ante caso del rector de la Universidad de Campeche
La detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche generó un debate nacional sobre los límites entre la aplicación de la justicia y el posible uso político de las instituciones. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo marcó una postura clara: la justicia no puede ser utilizada como un instrumento de persecución política, pero tampoco debe convertirse en un mecanismo de impunidad para quienes enfrenten acusaciones fundadas.
Durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum informó que solicitó un informe detallado tanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de conocer con precisión de qué se acusa al directivo universitario, cuáles son las pruebas existentes y si el procedimiento respetó el debido proceso.
Solicitan revisión del sustento jurídico
La presidenta dejó en claro que antes de emitir una opinión definitiva, es indispensable revisar los elementos legales del caso. Recalcó que no puede existir en México ninguna detención motivada por razones políticas, especialmente cuando se trata de personajes con relevancia pública.
“No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir”, enfatizó la mandataria.
Nadie está por encima de la ley, pero tampoco fuera de ella
Investidura no significa inmunidad
Sheinbaum fue enfática al señalar que ocupar un cargo académico, político o mediático no otorga protección automática frente a la ley. Subrayó que rectores, periodistas, alcaldes, legisladores o gobernadores deben responder ante la justicia si existen pruebas sólidas de un delito.
No obstante, aclaró que su administración no permitirá el uso faccioso de las instituciones ni la fabricación de expedientes para justificar detenciones arbitrarias.
“Si cometes un delito, tiene que haber cumplimiento de la ley y justicia. Pero primero hay que ver cuáles son las pruebas”, puntualizó.
Rechazo a abusos de autoridad
El mensaje presidencial se da en un contexto de creciente escrutinio público sobre el actuar de fiscalías, ministerios públicos y tribunales, donde distintos sectores han exigido mayor transparencia y profesionalismo en los procesos penales.
Sheinbaum sostuvo que la lucha contra la impunidad debe avanzar sin excepciones, pero también sin abusos, evitando que la justicia se utilice para dirimir conflictos políticos o personales.
El caso y la transformación del sistema judicial
Justicia con independencia y legalidad
La presidenta vinculó este episodio con el proceso de transformación del sistema judicial que impulsa su gobierno. De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo es consolidar instituciones que actúen con independencia, apego a la legalidad y enfoque en la protección de los sectores más vulnerables.
Aseguró que jueces, fiscales y corporaciones de seguridad deben concentrarse en combatir delitos reales y no en responder a intereses políticos o económicos.
Confianza en autoridades estatales
En su intervención, Sheinbaum también expresó su confianza en la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien describió como una mujer comprometida históricamente con la democracia y el combate a la corrupción.
Sin embargo, reiteró que la confianza política no sustituye la obligación de que todos los procesos judiciales se apeguen estrictamente a la ley.
Un mensaje político e institucional
El pronunciamiento de la presidenta refuerza un mensaje central de su gobierno: no habrá persecución política, pero tampoco tolerancia a la impunidad. Para analistas, esta postura busca enviar una señal tanto a las fiscalías como a los actores políticos, dejando claro que la justicia debe actuar con equilibrio, legalidad y responsabilidad.
El caso del rector de la Universidad Autónoma de Campeche continuará bajo revisión pública, mientras el gobierno federal insiste en que cualquier resolución deberá basarse exclusivamente en pruebas y procedimientos legales.
