La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que con la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se terminaron los privilegios que durante años beneficiaron a ministras y ministros, luego de que se cancelaran 59 apoyos administrativos no oficiales, utilizados para gastos personales y privados, pagados con recursos públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF). El anuncio se realizó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, como parte de la política de austeridad judicial impulsada por su gobierno.
Sheinbaum explicó que las medidas se tomaron tras solicitar un informe detallado sobre los beneficios otorgados a los integrantes del máximo tribunal, documento que reveló una amplia lista de servicios ajenos a las funciones jurisdiccionales. Según la mandataria, la eliminación de estos apoyos marca un punto de quiebre en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, con el objetivo de erradicar prácticas que calificó como excesos normalizados.
Cancelan apoyos personales financiados con recursos públicos
Servicios ajenos a la función judicial
De acuerdo con la información presentada por la presidenta, los apoyos eliminados formaban parte de un esquema administrativo que permitía a ministros y ministras recibir servicios personales con cargo al erario. Entre los 59 apoyos cancelados, de un total de 149 existentes, se encontraban:
- Compra de regalos y flores
- Boletos de avión y reservaciones de hospedaje
- Trámites bancarios personales
- Apoyo hospitalario privado
- Mantenimiento de jardines en domicilios particulares
- Inscripción de familiares en escuelas y pago de colegiaturas
- Gestión de becas escolares
- Compra de coronas funerarias
- Contratación de meseros y valet parking para eventos privados
- Servicios de reparación de electrodomésticos y suministro de gas
Sheinbaum subrayó que estos gastos no tenían sustento legal ni relación con el ejercicio de la función judicial, por lo que su cancelación era necesaria para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
“Sí, se acabaron los privilegios”, afirma la presidenta
Durante su mensaje, la mandataria fue enfática al señalar que la nueva etapa del Poder Judicial debe regirse por principios de austeridad y transparencia.
“En el área de atención a ministras y ministros se han cancelado 59 apoyos para trámites de carácter no oficial. Sí, se acabaron los privilegios en la nueva Corte”, declaró Sheinbaum.
La presidenta también cuestionó que, en administraciones anteriores, se debatieran gastos como la compra de togas, mientras se mantenía opacidad sobre los ingresos, prestaciones y beneficios adicionales de los integrantes del máximo tribunal.
La nueva Corte y el mensaje político del Ejecutivo
Renovación judicial y narrativa de cambio
La eliminación de estos apoyos ocurre tras la renovación total de la SCJN en 2025, proceso que dio paso a la integración de 11 nuevos ministros, impulsado desde el Ejecutivo como un mecanismo para transformar al Poder Judicial. Para el gobierno federal, esta reconfiguración representa una oportunidad para erradicar prácticas que, aseguran, se alejaron del espíritu de servicio público.
Analistas consideran que el anuncio también tiene una fuerte carga simbólica y política, pues busca marcar una diferencia clara entre la gestión anterior del Poder Judicial y la nueva etapa que inicia bajo mayor escrutinio público.
Reacciones y expectativas desde el Poder Judicial
Hasta el momento, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, no ha emitido un pronunciamiento directo sobre las declaraciones de la presidenta. No obstante, se prevé que el Consejo de la Judicatura Federal informe en los próximos días sobre las modificaciones a los reglamentos internos que permitieron cancelar estos beneficios.
Especialistas advierten que el impacto de la medida no solo se medirá en términos presupuestales, sino en la percepción ciudadana sobre la independencia judicial y la relación entre los poderes del Estado.
Austeridad judicial bajo la lupa pública
Debate entre transparencia e independencia
Para el gobierno de Sheinbaum, la cancelación de privilegios refuerza su discurso de austeridad republicana y combate a los excesos del pasado. Sin embargo, críticos señalan que este tipo de anuncios también pueden interpretarse como una forma de presión política sobre el único poder capaz de frenar iniciativas del Ejecutivo.
El reto para la nueva Corte, coinciden expertos, será demostrar que la eliminación de beneficios administrativos se traduce en una mayor legitimidad institucional, sin comprometer su autonomía ni la calidad de sus resoluciones.
Un cambio que marcará el rumbo del Poder Judicial
La llamada “nueva Corte” inicia funciones en un contexto de alta expectativa ciudadana y vigilancia permanente. Más allá de la cancelación de apoyos, su desempeño será evaluado por la solidez de sus fallos, el respeto a la Constitución y su capacidad para actuar como contrapeso real en la vida democrática del país.
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