El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego acusó este martes al gobierno de México de ejercer una presunta persecución política, fiscal y judicial en su contra, durante una reunión sostenida con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca, en la que afirmó que el Estado utiliza instituciones públicas para restringir su participación en el debate público y su libertad de expresión.
Salinas Pliego lleva su denuncia a instancias internacionales
Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, acudió ante organismos internacionales para exponer lo que calificó como una “grave crisis institucional” en México. En su encuentro con el relator especial de la OEA, el empresario aseguró que enfrenta una estrategia coordinada de persecución por parte del Estado mexicano, que incluye acciones fiscales, judiciales y administrativas.
De acuerdo con su testimonio, dichas acciones tendrían como objetivo limitar su libertad de expresión, desacreditar su postura crítica frente al gobierno y reducir su influencia en el espacio público. El empresario sostuvo que estas prácticas violan principios fundamentales establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
¿Qué denunció exactamente el empresario?
Presunta persecución fiscal y judicial
Uno de los principales señalamientos de Salinas Pliego se centra en el uso del aparato fiscal como mecanismo de presión política. El empresario vinculó su denuncia con el fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo obliga a cumplir con adeudos fiscales estimados en más de 51 mil millones de pesos.
Según su versión, este proceso no responde únicamente a una obligación tributaria, sino a una estrategia más amplia de hostigamiento institucional.
Criminalización de la crítica
En su documento presentado ante instancias internacionales, Salinas Pliego afirmó que en México se estaría promoviendo la criminalización de voces críticas al gobierno, utilizando procedimientos administrativos y judiciales para inhibir la participación de opositores en el debate público.
Libertad de expresión bajo escrutinio internacional
Reunión con el relator de la OEA
Durante la reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, el empresario expuso presuntas evidencias que, a su juicio, reflejan una captura de instituciones clave del Estado y un uso político del sistema judicial.
Salinas Pliego afirmó que su caso no es aislado y advirtió que podría sentar un precedente que afecte a otros actores económicos, sociales y mediáticos en México.
“Una crisis institucional en México”, advierte
En su mensaje posterior al encuentro, difundido a través de redes sociales, el empresario sostuvo que en el país se estaría intentando imponer el miedo como método de control político. Señaló que el uso del Estado como herramienta para castigar a opositores representa un riesgo para el Estado de derecho.
“El precedente que se busca sentar es peligrosísimo”, expresó, al advertir sobre el impacto que este tipo de prácticas podrían tener en la democracia mexicana.
Contexto del conflicto fiscal
El diferendo fiscal entre el empresario y el Estado mexicano ha sido uno de los más relevantes de los últimos años. Las autoridades han señalado que el cumplimiento de obligaciones tributarias es una responsabilidad legal, mientras que Salinas Pliego insiste en que existe un trasfondo político en los procesos judiciales que enfrenta.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una respuesta oficial directa a la denuncia presentada ante la OEA.
Reacciones y posibles implicaciones
Especialistas en derecho constitucional y derechos humanos señalan que la intervención de organismos internacionales podría generar observaciones sobre el respeto a la libertad de expresión en México, aunque aclaran que estas instancias no sustituyen los procesos judiciales internos.
El caso abre nuevamente el debate sobre la relación entre poder político, grandes empresarios y el uso de las instituciones del Estado.
La denuncia de Salinas Pliego coloca sobre la mesa una discusión relevante: los límites del poder del Estado, la independencia judicial y la protección de la libertad de expresión en México, temas clave en un contexto de alta polarización política.
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