El libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, acusa que Jesús Ramírez Cuevas decreto LyFC fue utilizado como instrumento político tras la publicación del decreto presidencial que otorgó una compensación vitalicia a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). La investigación sostiene que el programa, publicado el 25 de agosto de 2022, generó un pasivo estimado en casi 27 mil millones de pesos y habría sido empleado para construir redes de apoyo político, incluyendo respaldo a la precandidatura de Clara Brugada.
La obra, que saldrá a la venta el 11 de febrero, documenta presuntas irregularidades jurídicas y financieras en la implementación del programa, así como tensiones internas dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del propio movimiento político en el poder.
El decreto y la compensación vitalicia
Publicación en el Diario Oficial
El decreto fue publicado el 25 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación y estableció una “compensación vitalicia por justicia social” para extrabajadores que quedaron fuera tras la extinción de LyFC en 2009.
De acuerdo con la investigación, el Jesús Ramírez Cuevas decreto LyFC se presentó como una medida de reparación histórica; sin embargo, los autores señalan que el programa carecía de sustento presupuestal claro y generó compromisos financieros de largo plazo.
El libro sostiene que el esquema fue ampliado mediante una fe de erratas publicada el 29 de agosto de 2022, lo que permitió incluir a personas que ya habían sido liquidadas previamente.
Impacto financiero: pasivo de 27 mil millones
Compromisos hasta 2086
Según el estudio actuarial citado en la obra, elaborado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el programa generó un pasivo cercano a 27 mil millones de pesos, con obligaciones proyectadas hasta el año 2086.
Para dimensionar el monto, la investigación compara que dichos recursos podrían destinarse a infraestructura hospitalaria o a programas sociales de amplio alcance.
El Indep también habría reportado impactos adicionales en la Cuenta Pública 2023, incluyendo condonaciones de cartera hipotecaria y cesión de inmuebles.
Señalamientos de uso político
Apoyo a Clara Brugada
El libro describe que el grupo encabezado por Rosendo Flores, beneficiario del decreto, expresó públicamente respaldo a Clara Brugada durante actos políticos en 2024.
La investigación sugiere que el Jesús Ramírez Cuevas decreto LyFC habría servido para construir redes de lealtad política, generando tensiones internas dentro del movimiento gobernante.
Los autores señalan que la intervención política en un programa de compensación social podría vulnerar principios de legalidad y neutralidad institucional.
Fractura en el Sindicato Mexicano de Electricistas
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha denunciado que el decreto fue negociado con grupos sin representación formal, lo que provocó divisiones internas.
De acuerdo con la investigación, el programa habría beneficiado principalmente a un sector disidente, generando confrontaciones dentro del gremio histórico.
Debate legal y fiscalización
Especialistas consultados en el libro advierten que la implementación del decreto podría contravenir principios de legalidad presupuestaria si no existieron recursos previamente asignados.
La investigación plantea que el Congreso y los órganos fiscalizadores deberían revisar el alcance financiero y jurídico del programa para determinar si hubo daño patrimonial.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre investigaciones judiciales en curso relacionadas con estos señalamientos.
Contexto político y administrativo
Jesús Ramírez Cuevas fue vocero presidencial durante el sexenio anterior y figura cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El caso del Jesús Ramírez Cuevas decreto LyFC se inserta en el contexto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, que dejó a miles de trabajadores en litigio y procesos de liquidación.
La publicación del libro reabre el debate sobre el uso de recursos públicos, los mecanismos de compensación social y la separación entre política y administración pública.
Un precedente bajo revisión pública
El contenido de Ni venganza ni perdón plantea interrogantes sobre la transparencia en la implementación de políticas públicas y el impacto fiscal a largo plazo.
El señalamiento central es que un programa social, concebido como reparación histórica, habría derivado en consecuencias presupuestales significativas y controversias políticas.
El tema podría escalar al ámbito legislativo si se solicita revisión formal del decreto.
La discusión sobre el Jesús Ramírez Cuevas decreto LyFC abre un debate amplio sobre responsabilidad administrativa, fiscalización y límites del poder político en el manejo de recursos públicos.
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