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Reforma va contra pensiones millonarias en paraestatales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles el envío al Senado de una iniciativa de reforma constitucional para poner un tope a las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de confianza en organismos como Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE, con el objetivo de eliminar privilegios y recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos para destinarlos a Programas del Bienestar.

La propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna pensión de exfuncionarios y altos mandos de confianza podrá exceder 50% del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo federal, actualmente de 134 mil pesos mensuales. La medida aplicaría hacia adelante y no afectaría montos ya otorgados.

¿Qué cambia con la reforma sobre pensiones millonarias?

La reforma sobre pensiones millonarias plantea un límite claro: ningún exfuncionario de confianza podrá recibir una pensión superior a la mitad del salario presidencial, salvo las previstas en condiciones generales de trabajo.

De acuerdo con la presidenta, el objetivo es frenar pagos que alcanzan hasta un millón de pesos mensuales. “Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir pagando esas cantidades”, señaló.

La medida forma parte de la política de austeridad republicana y busca ajustar el gasto público en un contexto de presión presupuestal.

Las cifras que encendieron el debate

La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, presentó datos que evidencian la magnitud del gasto en pensiones millonarias.

Luz y Fuerza del Centro

En la extinta empresa hay un padrón de 14 mil 73 extrabajadores que representan un gasto anual de 28 mil 74 millones de pesos.

  • 9 mil 457 reciben entre 100 mil y un millón de pesos mensuales.
  • 3 mil 504 superan el salario neto de la Presidenta.
  • Se detectó un caso con más de un millón de pesos mensuales.

Además, existe un subsidio parcial al Impuesto Sobre la Renta que implica 2 mil 400 millones de pesos adicionales cada año.

Según la funcionaria, estas pensiones representan hasta 140 veces el promedio nacional.

Pemex

En Petróleos Mexicanos hay 22 mil 316 jubilados del régimen de confianza. El gasto anual asciende a 24 mil 844 millones de pesos.

  • 544 personas reciben más que la Presidenta, por un total de mil 827 millones anuales.
  • 618 pensiones superan lo que gana el director general de la empresa.
  • Mil 96 casos rebasan el tope salarial establecido en el tabulador vigente.

En promedio, los pensionados de Pemex reciben 39 veces más que la pensión promedio nacional.

CFE

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con 54 mil jubilados. Según los datos presentados:

  • 2 mil 199 superan el salario presidencial.
  • 8 mil 157 reciben más que la pensión más alta del IMSS.

El gasto anual destinado a estos pagos asciende a miles de millones de pesos.

Comparación con el promedio nacional

De acuerdo con cifras del Inegi de 2024, la pensión promedio en México es de 7 mil 92 pesos mensuales.

En el IMSS ronda los 8 mil 400 pesos y en el ISSSTE cerca de 6 mil 600 pesos.

La diferencia entre esos montos y las llamadas pensiones millonarias ha sido el principal argumento para impulsar la reforma.

¿A quiénes no afectará?

La presidenta aclaró que la reforma no impactará a trabajadores sindicalizados con contratos colectivos vigentes. La medida está dirigida exclusivamente a personal de confianza y altos mandos.

“No tiene que ver con trabajadores con contratos colectivos; esos son acuerdos históricos”, puntualizó.

Impacto presupuestal y destino de recursos

El gobierno estima que la reforma permitirá recuperar alrededor de 5 mil millones de pesos, recursos que serían redirigidos a Programas del Bienestar.

Desde la perspectiva oficial, el ajuste busca fortalecer la responsabilidad financiera y evitar que recursos públicos continúen destinándose a beneficios considerados desproporcionados.

Debate abierto

Especialistas en finanzas públicas señalan que la viabilidad dependerá de la redacción final del decreto y de posibles controversias legales. El hecho de que no se modifiquen derechos adquiridos reduce el riesgo jurídico, aunque podría generar discusión en tribunales.

Mientras tanto, el tema ha reactivado el debate sobre equidad en el sistema de pensiones y el uso de recursos públicos, especialmente en un país donde millones de jubilados reciben ingresos muy por debajo de los 10 mil pesos mensuales.

La iniciativa será turnada al Senado en los próximos días para su análisis y eventual votación.

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