El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para sancionar hasta con ocho años de prisión a quienes utilicen, sin consentimiento, la Pensión del Bienestar u otros recursos económicos de personas adultas mayores, con el objetivo de combatir la explotación financiera que enfrentan miles de adultos mayores en el país, principalmente por parte de familiares o personas cercanas.
PVEM impulsa reforma contra la explotación financiera
El Grupo Parlamentario del PVEM busca tipificar como delito la explotación financiera de las personas adultas mayores, una práctica que, de acuerdo con datos oficiales, afecta de manera significativa a este sector de la población y permanece en gran medida impune.
La propuesta fue presentada por la diputada Azucena Huerta Romero y turnada a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, donde será analizada y discutida antes de su eventual dictaminación.
De aprobarse, la reforma modificaría el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, ampliando la protección legal de los derechos económicos de quienes tienen 65 años o más.
¿En qué consiste el nuevo delito?
Explotación financiera de adultos mayores
La iniciativa plantea adicionar un Capítulo III Quater al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, denominado “Explotación Financiera de Adultos Mayores”, mediante la creación del artículo 390 Ter.
Este artículo establece que comete dicho delito quien, aprovechándose de una relación de parentesco, tutela, confianza, dependencia o cualquier vínculo que coloque a la víctima en situación de desventaja, se apropie, utilice o disponga indebidamente de los recursos económicos, bienes o pensión de una persona adulta mayor, sin su consentimiento libre e informado.
El delito aplicaría incluso cuando el responsable sea un familiar directo, como hijos o nietos, o una persona encargada de su cuidado.
Hasta ocho años de prisión y multas económicas
Sanciones previstas en la iniciativa
De acuerdo con el proyecto, la sanción por este delito sería de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa que va de 200 a 500 días.
La pena se incrementaría hasta en una mitad cuando la víctima presente alguna discapacidad o condición que limite su capacidad para comprender el hecho o para resistirlo.
Un elemento clave de la iniciativa es que el delito se perseguiría de oficio, es decir, no sería necesario que la persona adulta mayor presente una denuncia formal para que las autoridades inicien una investigación.
Marco legal actual, considerado insuficiente
La diputada Azucena Huerta Romero argumenta que el marco jurídico vigente resulta limitado para enfrentar este tipo de abusos, ya que la figura penal más cercana es el abuso de confianza, un delito que se persigue únicamente por querella.
Esto, señala el documento, representa una barrera prácticamente insalvable para muchas personas adultas mayores que dependen física, emocional o económicamente de su agresor.
El texto advierte que exigir a una persona mayor denunciar a su propio hijo, nieto o cuidador resulta, en muchos casos, “impensable e inhumano”, debido al miedo al abandono, represalias o violencia.
Datos que evidencian la magnitud del problema
Violencia económica y fraudes
La iniciativa se sustenta en cifras oficiales que reflejan la gravedad de la explotación financiera en México.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021 el 4.7% de las mujeres de 60 años o más reportaron haber sufrido violencia económica por parte de algún familiar.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que el 63% de las reclamaciones presentadas por adultos mayores ante instituciones bancarias están relacionadas con posibles fraudes.
Estos datos, señala el proyecto, evidencian la necesidad de una respuesta penal más efectiva.
Obligaciones para instituciones financieras
Detección de operaciones sospechosas
La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, mediante la creación de un nuevo capítulo enfocado en las instituciones financieras.
El artículo 23 Bis establecería la obligación de bancos públicos y privados de simplificar los trámites para el cobro de pensiones y servicios financieros destinados a personas adultas mayores.
Además, deberán implementar protocolos para detectar y reportar a la Fiscalía General de la República (FGR) transacciones inusuales o sospechosas en cuentas de adultos mayores, siempre garantizando la protección de datos personales.
Perspectiva de género y persecución de oficio
El proyecto subraya que la persecución de oficio del delito tiene una perspectiva de género, ya que muchas de las víctimas son mujeres mayores que no cuentan con redes de apoyo suficientes para denunciar.
Según la iniciativa, cerrar esta brecha legal permitiría actuar de manera preventiva y proteger a un sector vulnerable que hoy enfrenta altos niveles de impunidad.
La propuesta abre un debate legislativo sobre la protección patrimonial de las personas adultas mayores y el uso indebido de programas sociales como la Pensión del Bienestar.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en México Se Entere
