La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, obtuvo medidas de protección ordenadas por un juez federal luego de denunciar amenazas e intimidaciones, entre ellas la colocación de una corona fúnebre frente a su domicilio en Culiacán, Sinaloa. La resolución deriva de un amparo indirecto promovido por la legisladora para garantizar su seguridad y la de su familia.
Juez federal ordena protección para Paola Gárate y su familia
Un juez federal determinó que la diputada local y expresidenta estatal del PRI en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, cuente con medidas de protección luego de denunciar actos de intimidación en su contra.
La resolución también contempla apoyo para su familia en caso de requerir auxilio, además de vigilancia preventiva alrededor de su domicilio ubicado en la capital sinaloense.
La legisladora informó el contenido del fallo mediante un comunicado, donde explicó que la autoridad judicial recomendó realizar rondines de seguridad en las inmediaciones de su vivienda cuando las circunstancias lo ameriten.
La decisión surge después de que Gárate promoviera un amparo indirecto para solicitar medidas urgentes ante las amenazas que asegura haber recibido.
Corona fúnebre frente a su casa motivó la solicitud de protección
El caso tomó relevancia luego de que la noche del 10 de junio la diputada encontrara una corona fúnebre colocada en la entrada de su domicilio.
La legisladora interpretó el hecho como un mensaje de intimidación y una amenaza directa contra su integridad física.
Tras ese episodio decidió acudir a instancias federales para solicitar protección judicial, argumentando que existían riesgos para ella y su familia.
El juez consideró procedente otorgar una suspensión dentro del amparo para garantizar medidas preventivas mientras continúa el análisis del caso.
Las medidas incluyen a autoridades federales de seguridad
De acuerdo con la información difundida por Paola Gárate, la resolución involucra a diversas dependencias del Gobierno federal para brindar apoyo en caso necesario.
Entre las autoridades consideradas se encuentran la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El objetivo es que las instituciones puedan intervenir si la diputada requiere protección o asistencia derivada de las amenazas denunciadas.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas identificadas como responsables de la colocación de la corona fúnebre ni sobre investigaciones concluidas relacionadas con estos hechos.
Continúa el proceso legal tras el amparo indirecto
El amparo promovido por la legisladora busca garantizar su seguridad mientras las autoridades revisan el fondo de las denuncias presentadas.
El caso ocurre en un contexto donde diversos actores políticos han denunciado riesgos para su integridad en distintas regiones del país, especialmente en entidades con altos índices de violencia.
La resolución judicial representa una medida preventiva destinada a reducir posibles riesgos mientras continúan las actuaciones legales correspondientes.
La diputada reiteró que acudió a la vía judicial para proteger a su familia ante los actos que considera intimidatorios y que espera que las autoridades mantengan el seguimiento del caso.
Déjanos tu comentario, comparte esta noticia con tus vecinos y mantente informado en México Se Entere.
