El Partido Acción Nacional (PAN) informó este lunes que presentó una solicitud de medidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en respuesta a lo que consideran un clima de estigmatización hacia quienes protestan en México. La dirigencia panista explicó que recurrieron al organismo internacional porque, aseguran, recientes declaraciones del Gobierno federal aumentan el riesgo de violencia en futuras movilizaciones.
PAN defiende su decisión de acudir a la CIDH
El diputado Jorge Triana explicó que la acción se sustenta en la Constitución mexicana, la cual permite que cualquier ciudadano o grupo pueda presentar casos ante organismos internacionales de derechos humanos.
Triana respondió a críticas que acusan al PAN de buscar “intervención extranjera”, señalando que el recurso no se interpone ante otro gobierno, sino ante un organismo autónomo.
“No estamos acudiendo ante ningún gobierno extranjero. Está previsto en la Constitución”, afirmó.
El legislador recordó que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador presentó denuncias ante instancias internacionales cuando era opositor, por lo que —dijo— no debería cuestionarse la vía legal que ahora utiliza la oposición.
Acusaciones de estigmatización hacia manifestantes
El PAN sostuvo que en México se ha generado un clima adverso contra personas que ejercen su derecho a la protesta social. La diputada Mariana Gómez del Campo y el senador Damián Zepeda señalaron que declaraciones desde la conferencia matutina presidencial se han utilizado para desacreditar o deslegitimar movilizaciones ciudadanas.
La dirigencia panista afirmó que este ambiente provoca inhibición en la participación social.
Según indicaron, cuando se “señala, estigmatiza o ridiculiza” a quienes participan en marchas, se genera un efecto disuasivo que impacta directamente en el ejercicio de los derechos fundamentales.
La solicitud presentada ante la CIDH busca que el organismo emita medidas preventivas para evitar que futuros episodios deriven en confrontaciones o actos de violencia.
Propuesta para reforzar el derecho a la manifestación
La diputada Noemí Luna anunció que el PAN prepara una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer el derecho a la manifestación pacífica, previsto en el artículo 9 de la Constitución.
Según explicó, la reforma buscaría:
- Reforzar garantías para la protesta social.
- Establecer protocolos más claros para evitar confrontaciones.
- Impedir actos que puedan interpretarse como criminalización de la manifestación pública.
Luna aseguró que la iniciativa surge de la preocupación por lo que consideran una narrativa oficial que “criminaliza” a quienes salen a las calles a expresar inconformidades.
PAN pide medidas preventivas para evitar escalamiento
El diputado federal Gabriel Gil señaló que acudir a la CIDH no es un intento de internacionalizar la política interna, sino una acción preventiva.
“Tenemos que poner un remedio antes de que esto escale a mayores”, afirmó.
La delegación panista dijo que este llamado busca evitar incidentes como los registrados en algunos estados durante movilizaciones recientes. También reiteró que su recurso no se trata de un conflicto partidista, sino de un mecanismo para proteger derechos ciudadanos.
Contexto nacional e internacional
La decisión del PAN se da en un momento donde México vive una intensa discusión pública sobre los límites, condiciones y alcances de la protesta social. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la necesidad de proteger la participación ciudadana y la libre organización, mientras que sectores del gobierno argumentan que algunas movilizaciones han sido utilizadas con fines políticos.
En ese escenario, la solicitud del PAN ante la CIDH añade un nuevo capítulo a las tensiones entre el gobierno federal y la oposición, especialmente en temas relacionados con derechos humanos, libertad de expresión y seguridad en manifestaciones.
El PAN asegura que no busca confrontación, sino medidas que prevengan incidentes. El Gobierno federal, por su parte, ha reiterado que respeta la libertad de expresión, aunque ha criticado algunas protestas por considerarlas motivadas políticamente.
La CIDH deberá analizar el caso para determinar si procede emitir algún tipo de recomendación o medida cautelar.
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