La oposición en el Congreso encendió la alerta por un posible escenario de impunidad en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que legisladores del PRI y PAN señalaran que Morena podría impedir una eventual extradición hacia Estados Unidos.
Diputados y senadores opositores aseguraron que existen presiones políticas para evitar que funcionarios y personajes relacionados con el caso Sinaloa enfrenten investigaciones fuera de México. El tema volvió al centro de la discusión tras las versiones sobre posibles indagatorias abiertas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La senadora priista Claudia Anaya Mota advirtió que Morena podría utilizar mecanismos legales para evitar la entrega de personas señaladas por autoridades estadounidenses.
Según explicó, la legislación mexicana permite que una persona sea investigada o juzgada en territorio nacional, incluso si enfrenta acusaciones en otro país. Para la oposición, esto podría convertirse en una herramienta política para bloquear extradiciones.
Oposición advierte riesgo de impunidad en caso Rocha Moya
La polémica aumentó luego de que legisladores relacionaran el caso de Rubén Rocha Moya con la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa.
La senadora Claudia Anaya afirmó que Morena podría decidir mantener cualquier proceso judicial en México para evitar consecuencias políticas o judiciales en Estados Unidos.
“Ahorita ya me salieron muy leguleyos (…) una persona mexicana puede tener un proceso abierto en otro país y el país puede decidir juzgarlo aquí”, declaró.
La legisladora sostuvo que existe preocupación por la manera en que el oficialismo enfrenta los señalamientos sobre presuntos nexos entre política y crimen organizado.
En los últimos días crecieron las versiones sobre investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con redes de protección política al narcotráfico en Sinaloa. Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha confirmado procesos formales contra Rocha Moya.
Sin embargo, el debate político aumentó por la presión pública y por la violencia que continúa en la entidad.
PRI y PAN exigen respuestas por violencia en Sinaloa
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, pidió al gobierno federal explicar qué ocurre en Sinaloa antes de minimizar los señalamientos.
El legislador mencionó directamente el homicidio de Héctor Melesio Cuén y aseguró que todavía existen dudas sobre el caso.
También cuestionó que la violencia continúe sin una respuesta clara de las autoridades.
“México requiere respuestas y requiere paz”, afirmó.
Moreira responsabilizó al gobierno federal y a Morena por la situación de inseguridad en Sinaloa. Además, insistió en que la ciudadanía exige claridad sobre las investigaciones relacionadas con funcionarios y políticos señalados.
Por otro lado, el senador panista Ricardo Anaya acusó una supuesta “doble moral” por parte del oficialismo.
El excandidato presidencial criticó que Morena cuestione a otros gobiernos estatales mientras minimiza las acusaciones relacionadas con Sinaloa.
“Traición a la patria es haber pactado con criminales”, declaró durante sus posicionamientos ante medios.
Las declaraciones generaron nuevas reacciones políticas y volvieron a colocar el tema de seguridad y narcotráfico en el centro del debate nacional.
Piden licencia para Enrique Inzunza
Otro de los nombres mencionados por la oposición fue el del senador Enrique Inzunza.
Claudia Anaya pidió que el legislador solicite licencia mientras enfrenta señalamientos públicos relacionados con el caso.
La priista sostuvo que se trata de un tema delicado y consideró necesario separar temporalmente de sus funciones a cualquier funcionario bajo sospecha.
Hasta el momento, Morena no ha emitido una postura oficial sobre las declaraciones de la oposición ni sobre una posible solicitud de extradición desde Estados Unidos.
Tampoco existen anuncios formales del Departamento de Justicia estadounidense sobre órdenes judiciales contra Rocha Moya o Enrique Inzunza.
Aun así, el tema mantiene tensión política por el contexto de violencia en Sinaloa y por las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición rumbo al próximo periodo legislativo.
La discusión también ocurre en medio del debate sobre la relación entre autoridades y grupos criminales en distintas regiones del país, un tema que sigue generando presión pública y política.
El caso podría escalar si autoridades estadounidenses confirman nuevas investigaciones o si surgen solicitudes formales de cooperación judicial entre ambos países.
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