La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, impugnó un citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con el llamado caso CIA y acusó un trato desigual frente al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria sostiene que las autoridades federales intentan someterla a procedimientos que, según su interpretación, no corresponden mientras se mantiene en funciones, por lo que decidió presentar objeciones legales ante la dependencia federal.
La controversia ha elevado la tensión entre el gobierno estatal de Chihuahua y Morena, partido que ha cuestionado la estrategia jurídica de la gobernadora. El conflicto también ha provocado reacciones desde Palacio Nacional debido a las comparaciones realizadas por Campos entre su situación y la de Rocha Moya.
El enfrentamiento comenzó después de que la defensa de Maru Campos entregó un escrito ante la FGR para impugnar un requerimiento ministerial relacionado con una investigación conocida públicamente como caso CIA.
La gobernadora argumenta que la inmunidad procesal establecida en el artículo 111 de la Constitución le otorga protección frente a determinados actos de investigación mientras permanece en el cargo.
Su equipo jurídico sostiene que la mandataria puede colaborar mediante la entrega de información y documentación oficial, pero considera que una comparecencia personal vulneraría las garantías previstas para quienes ocupan cargos de elección popular.
La postura de la gobernadora provocó nuevas críticas por parte de Morena, cuyos dirigentes consideran que la mandataria intenta evitar responder personalmente a los requerimientos de las autoridades federales.
El tema ha generado un intenso debate político sobre los alcances del fuero constitucional y los límites de las investigaciones ministeriales cuando involucran a funcionarios en activo.
Maru Campos compara su situación con Rubén Rocha Moya
En medio de la polémica, Maru Campos elevó el tono de sus declaraciones y señaló que existe un doble rasero en la aplicación de la justicia.
La gobernadora afirmó que mientras ella enfrenta presión política y mediática por parte de autoridades federales, otros personajes vinculados a Morena reciben un trato distinto.
Dentro de sus señalamientos mencionó directamente a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, cuya situación también ha sido objeto de atención pública en los últimos meses.
Campos sostuvo que las autoridades actúan con criterios diferentes dependiendo de la afiliación política de las personas involucradas en las investigaciones.
Las declaraciones provocaron nuevas reacciones entre dirigentes morenistas, quienes rechazaron las acusaciones y defendieron la actuación de las instituciones federales.
El intercambio de señalamientos ha convertido el caso en uno de los principales focos de confrontación entre el PAN y Morena.
Sheinbaum aclara situación de Maru Campos y Rocha Moya
Ante la creciente controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino para aclarar el estatus legal de ambos gobernadores.
La mandataria federal explicó que ni Maru Campos ni Rubén Rocha Moya se encuentran actualmente en calidad de imputados dentro de las investigaciones mencionadas públicamente.
Según precisó, ambos fueron requeridos únicamente para entrevistas ministeriales relacionadas con distintas indagatorias en curso.
La aclaración buscó reducir las especulaciones sobre posibles procesos penales inmediatos contra cualquiera de los dos mandatarios.
Sin embargo, la declaración presidencial no logró disminuir la confrontación política que se mantiene alrededor del tema.
Los señalamientos entre oficialismo y oposición continuaron durante las horas posteriores a las declaraciones de Sheinbaum.
Morena critica la estrategia jurídica de la gobernadora
La decisión de impugnar el citatorio provocó una respuesta inmediata desde Morena.
Integrantes del partido oficialista acusaron a Maru Campos de utilizar recursos legales para evitar comparecer ante las autoridades federales.
Desde la oposición, en contraste, se argumenta que la gobernadora ejerce un derecho legítimo previsto dentro del marco constitucional mexicano.
El debate ha trascendido el ámbito jurídico y se ha convertido en una disputa política de alcance nacional.
Diversos actores políticos consideran que el caso podría influir en la relación entre gobiernos estatales y autoridades federales durante los próximos meses.
Mientras tanto, la defensa de la mandataria insiste en que colaborará con las investigaciones dentro de los límites establecidos por la Constitución.
El conflicto sigue abierto
La controversia entre Maru Campos, la FGR y Morena continúa lejos de resolverse.
Por un lado, la gobernadora mantiene su postura de rechazar cualquier actuación que considere contraria a sus derechos constitucionales como titular del Ejecutivo estatal.
Por otro, Morena sostiene que las investigaciones deben desarrollarse sin excepciones y con plena colaboración de todos los funcionarios públicos.
En medio de esta disputa, las referencias a Rubén Rocha Moya y las aclaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum han añadido nuevos elementos a una confrontación que combina aspectos políticos, jurídicos e institucionales.
Por ahora, el caso CIA permanece como uno de los temas que más tensión generan entre la oposición y el gobierno federal, mientras las investigaciones continúan y las partes mantienen posiciones completamente opuestas.
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