El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, anunció este 29 de agosto que solicitarán la interrupción de la jurisprudencia publicada el pasado 8 de agosto en el Semanario Judicial de la Federación, la cual establece que los juicios fraudulentos no podrán ser revisados. El funcionario calificó esta resolución como una “licencia de impunidad” que contraviene principios básicos de justicia y Estado de Derecho.
La polémica resolución, identificada como Tesis P./J.14/2025, fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes del cierre de su anterior integración. De acuerdo con Batres, este criterio vulnera el derecho a la justicia de las instituciones públicas y abre la puerta para proteger actos de saqueo que afectan directamente a trabajadores y ciudadanos.
Contexto de la resolución
La tesis publicada por el máximo tribunal mexicano establece que, incluso cuando existan elementos de fraude, los juicios concluidos no podrán ser revisados. Este criterio ha generado críticas entre juristas, especialistas y funcionarios públicos que consideran la medida como un retroceso en materia de justicia.
Batres señaló que la resolución refleja las prioridades de lo que llamó “la vieja Corte”, al privilegiar medidas que obstaculizan la rendición de cuentas y la reparación de daños.
La postura del ISSSTE
Desde el ISSSTE, Martí Batres anunció que impulsarán formalmente la interrupción de la jurisprudencia. Aseguró que esta acción busca defender no solo los intereses de la institución, sino también el derecho de miles de trabajadores al servicio del Estado que podrían resultar afectados por decisiones judiciales que avalen fraudes sin posibilidad de revisión.
“El criterio es éticamente inadmisible y jurídicamente inconvencional. No se puede permitir que bajo el argumento de cosa juzgada se consoliden actos fraudulentos que lesionan a la nación”, expresó.
Reacciones políticas y jurídicas
El anuncio de Batres generó eco entre legisladores de Morena y partidos aliados, quienes respaldaron su postura y adelantaron que se abrirá un debate en el Congreso sobre la necesidad de revisar los alcances de las jurisprudencias emitidas por la SCJN.
Por otro lado, especialistas en derecho constitucional advierten que la interrupción de una jurisprudencia no es un proceso sencillo, pues requiere que al menos ocho ministros de la Suprema Corte cambien su criterio en posteriores resoluciones. Sin embargo, destacan que la presión institucional y política podría abrir la puerta a nuevas interpretaciones que dejen sin efectos la tesis señalada.
Un debate sobre justicia y confianza institucional
El caso ha puesto en el centro de la discusión la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Mientras voces críticas señalan que el criterio atenta contra el acceso a la justicia, otros argumentan que es necesario garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de los procesos judiciales.
Para Batres, el tema no admite ambigüedades: “El Estado debe estar del lado de la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia social, no de quienes utilizan los tribunales para blindar fraudes.”
Próximos pasos
El ISSSTE presentará en los próximos días la solicitud formal de interrupción de la jurisprudencia, un proceso que se llevará a cabo conforme a los canales legales establecidos. De lograrse, podría sentar un precedente importante en la relación entre las instituciones públicas y el Poder Judicial.
La discusión se mantendrá abierta en los próximos meses, con implicaciones que van más allá del ámbito jurídico, al tocar directamente la percepción ciudadana sobre la justicia y el combate a la corrupción.
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