La senadora Lilly Téllez acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de proteger a funcionarios mexicanos investigados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de fentanilo. Durante una entrevista con el programa estadounidense Fox & Friends Weekend, la legisladora aseguró que existe temor en el gobierno federal porque una eventual extradición podría “abrir la caja de Pandora”.
Las declaraciones ocurren en medio de investigaciones abiertas en Nueva York contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presunta colaboración con organizaciones criminales.
Lilly Téllez acusa protección a “narcopolíticos”
Durante la entrevista, Lilly Téllez afirmó que el gobierno mexicano evita actuar contra funcionarios señalados debido al impacto político que podría generar una extradición hacia Estados Unidos.
“Teme que si extradita a Estados Unidos a estos narcopolíticos, se abrirá la caja de Pandora y muchos otros caerán”, declaró la senadora.
La legisladora también calificó a México como una “mafiocracia” y sostuvo que algunas instituciones estarían influenciadas por redes ligadas al crimen organizado.
Según Téllez, el actual gobierno no responde plenamente al Estado de Derecho y enfrenta señalamientos por presunta protección política.
Las declaraciones rápidamente provocaron reacciones en redes sociales y dentro del debate político nacional.
Investigación en Nueva York involucra a funcionarios mexicanos
Las acusaciones mencionadas por Lilly Téllez se relacionan con una investigación abierta en el Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, existen indagatorias contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres señalados aparece Rubén Rocha Moya.
Los expedientes incluyen acusaciones relacionadas con tráfico de fentanilo, operaciones de narcotráfico y delitos vinculados con armas.
La acusación formal fue presentada el pasado 29 de abril.
El caso permanece bajo supervisión de la jueza federal Katherine Polk Failla.
DEA y fiscales mantienen presión por tráfico de fentanilo
El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, confirmaron que las investigaciones siguen activas.
Según las autoridades estadounidenses, algunos funcionarios habrían facilitado actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La DEA informó que cerca del 75% del fentanilo asegurado en territorio estadounidense estaría vinculado con facciones del Cártel de Sinaloa.
Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportaron más de 112 mil muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos durante el último año fiscal.
Estas cifras aumentaron la presión política en Estados Unidos para exigir acciones más contundentes contra redes criminales y posibles vínculos políticos.
Caso revive antecedentes de García Luna y “El Chapo”
Analistas consideran que las declaraciones de Lilly Téllez recuerdan casos judiciales anteriores en Nueva York.
Uno de los principales antecedentes es el juicio contra Genaro García Luna, donde testigos protegidos señalaron presuntos sobornos a altos funcionarios mexicanos.
También aparece el precedente del proceso judicial contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Durante esos juicios se revelaron testimonios sobre presuntas relaciones entre grupos criminales y estructuras políticas.
Especialistas advierten que nuevas extradiciones podrían provocar revelaciones similares y generar impactos políticos en México.
Gobierno federal no responde ampliamente
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una postura amplia sobre las declaraciones realizadas por Lilly Téllez ni sobre los expedientes abiertos en Nueva York.
Sin embargo, el tema volvió a colocar en el centro del debate asuntos relacionados con narcotráfico, seguridad y cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
Además, organismos internacionales como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU expresaron preocupación por la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales de América Latina.
El organismo advirtió que la falta de acciones firmes contra funcionarios ligados al crimen puede fortalecer redes de impunidad.
Mientras tanto, las declaraciones de Lilly Téllez continúan generando discusión política y reacciones en ambos países.
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