La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) anunció una investigación interna luego de que una investigación periodística de The Associated Press revelara que agentes permitieron, durante diversas operaciones, que cargamentos de pastillas con presunto fentanilo continuaran su camino para fortalecer casos contra organizaciones criminales. La información generó una fuerte polémica en Estados Unidos, donde autoridades, especialistas y funcionarios cuestionan si esa estrategia pudo haber puesto en riesgo a la población. La DEA sostiene que sus decisiones fueron legales y niega haber permitido deliberadamente que las drogas llegaran a las comunidades.
DEA investiga decisiones operativas tras reportaje sobre el fentanilo
La controversia surgió después de que The Associated Press publicara una investigación basada en entrevistas con agentes y exagentes de la DEA, así como en documentos oficiales.
Según el reportaje, entre 2023 y 2025 algunas investigaciones federales en Nuevo México permitieron que cargamentos de pastillas con presunto fentanilo continuaran bajo vigilancia en lugar de ser asegurados de inmediato.
De acuerdo con los testimonios citados por AP, la estrategia buscaba identificar a organizaciones criminales de mayor nivel y fortalecer procesos penales contra sus líderes.
Uno de los principales denunciantes es el agente especial David Howell, quien aseguró que la táctica representó un riesgo para la seguridad pública y afirmó que la agencia permitió que cantidades importantes de droga permanecieran en circulación.
Las declaraciones del agente fueron retomadas por AP y forman parte de las denuncias que motivaron nuevas revisiones internas.
Tras la difusión del reportaje, el administrador de la DEA, Terry Cole, solicitó formalmente al Inspector General del Departamento de Justicia realizar una investigación independiente sobre las decisiones operativas.
En una carta oficial, Cole señaló que las denuncias generaron gran atención pública y consideró necesario revisar si los procedimientos aplicados fueron adecuados.
También aclaró que la apertura de la investigación no representa una falta de confianza hacia el personal de la agencia, sino una medida para evaluar posibles mejoras.
Frente a las acusaciones, la DEA rechazó haber permitido intencionalmente que el fentanilo llegara a las comunidades.
En su postura oficial, la agencia afirmó que las decisiones tomadas durante las investigaciones fueron legales y estuvieron alineadas con las directrices del Departamento de Justicia.
Asimismo, sostuvo que las versiones que aseguran que la DEA dejó circular deliberadamente las drogas tergiversan los hechos y omiten el contexto de investigaciones complejas contra organizaciones del narcotráfico.
La institución explicó que muchas de estas operaciones incluyeron vigilancia permanente, inteligencia en tiempo real y escuchas telefónicas autorizadas por tribunales federales.
De acuerdo con la DEA, estas herramientas buscan identificar toda la estructura criminal antes de ejecutar operativos de gran escala.
¿Por qué surgieron las críticas?
La investigación de AP señala que algunos agentes cuestionaron la estrategia debido a la peligrosidad del fentanilo.
El opioide sintético es considerado una de las drogas más letales que circulan actualmente en Estados Unidos.
De acuerdo con autoridades sanitarias estadounidenses, cantidades muy pequeñas pueden provocar una sobredosis mortal.
Por ello, algunos agentes sostienen que permitir que cargamentos continuaran su trayecto incrementó el riesgo para las comunidades.
David Howell afirmó que presentó denuncias internas desde 2023 para expresar su desacuerdo con esa táctica.
Según la investigación periodística, Howell aseguró que durante algunas operaciones los agentes conocían con precisión la cantidad de pastillas transportadas gracias a escuchas telefónicas y labores de inteligencia.
Sin embargo, señaló que en ciertos casos no se realizaron aseguramientos inmediatos.
El Departamento de Justicia revisó previamente las denuncias
Las denuncias del agente fueron revisadas anteriormente por instancias internas del Departamento de Justicia.
De acuerdo con la información publicada por AP, la Oficina de Responsabilidad Profesional concluyó que las decisiones tomadas durante esas investigaciones fueron razonables bajo las circunstancias conocidas en ese momento.
Posteriormente, la Oficina del Asesor Especial también dio por válida esa conclusión.
No obstante, la reciente difusión del reportaje motivó una nueva revisión por parte del Inspector General.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, también pidió que se analice si las acciones descritas pudieron violar la legislación estatal.
La mandataria calificó como preocupantes las revelaciones y solicitó una revisión adicional sobre el manejo de estas investigaciones.
El combate al fentanilo sigue siendo prioridad
El fentanilo continúa siendo una de las principales preocupaciones para las autoridades estadounidenses debido al elevado número de muertes por sobredosis registradas en los últimos años.
La DEA sostiene que su prioridad es desarticular organizaciones criminales responsables del tráfico de esta droga.
La agencia argumenta que, en ocasiones, las investigaciones requieren seguimiento prolongado para identificar a todos los integrantes de una red delictiva antes de ejecutar operativos.
Sin embargo, especialistas consultados por AP consideran que ese tipo de estrategias debe equilibrarse con la protección inmediata de la población.
La investigación interna anunciada por la DEA buscará determinar si los protocolos fueron aplicados correctamente y si existen áreas que deban modificarse para fortalecer futuras operaciones.
Por ahora, la agencia mantiene su postura de que actuó conforme a la ley, mientras que las denuncias continúan bajo revisión por las autoridades competentes.
La apertura de esta investigación interna representa uno de los mayores cuestionamientos recientes sobre las tácticas utilizadas por la DEA en el combate al tráfico de fentanilo. Mientras la agencia defiende la legalidad de sus operaciones, las denuncias publicadas por The Associated Press mantienen abierto el debate sobre el equilibrio entre construir casos contra grandes organizaciones criminales y proteger de manera inmediata a las comunidades afectadas por la crisis de opioides.
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