El juzgado resolvió el amparo indirecto 657/2026 y determinó que la demanda era “notoriamente improcedente”.
El argumento central es que la reforma artículo 127 no puede ser impugnada mediante amparo, ya que se trata de un cambio constitucional.
El juez explicó que la Ley de Amparo no permite revisar la validez de la propia Constitución.
También señaló que los tribunales no tienen facultades para analizar la constitucionalidad o convencionalidad de normas constitucionales vigentes.
Por ello, el caso fue desechado sin entrar al análisis de fondo.
El recurso fue presentado apenas días después de la entrada en vigor del decreto.
Qué establece la reforma de pensiones doradas en México
La reforma al artículo 127 de la Constitución fue publicada el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.
Entró en vigor el 11 de abril del mismo año.
El cambio establece un límite a las pensiones en el sector público.
Las jubilaciones no podrán superar la mitad del salario del titular del Poder Ejecutivo federal.
El ajuste aplica a los tres niveles de gobierno.
Incluye pensiones ya vigentes, con algunas excepciones como Fuerzas Armadas y esquemas de ahorro individual.
El objetivo del decreto es evitar lo que el gobierno ha llamado “pensiones excesivas”.
Amparos masivos contra la reforma en tribunales
A pesar del fallo judicial, continúan los recursos legales contra la medida.
El abogado Rodolfo Martínez informó que se han presentado demandas de más de mil trabajadores.
Entre ellos, empleados de Banobras, Luz y Fuerza del Centro, INDEP, CFE y Pemex.
Los promoventes argumentan que la reforma viola derechos adquiridos.
También sostienen que el Poder Judicial debe realizar un control de convencionalidad.
Sin embargo, el juez que resolvió este primer caso indicó que no existe base legal para revisar reformas constitucionales.
Esto abre un precedente importante para los demás juicios en trámite.
Impacto legal y social de la reforma
La discusión sobre la reforma de pensiones doradas ha generado tensión entre trabajadores jubilados y el Estado.
El principal punto de conflicto es si el cambio puede aplicarse a pensiones ya otorgadas.
Mientras el gobierno defiende la medida como una corrección al sistema, los inconformes advierten afectaciones económicas directas.
Expertos en derecho constitucional señalan que los próximos amparos definirán el alcance real de la reforma.
El debate continúa en tribunales federales, sin una resolución definitiva sobre su impacto total.
El rechazo del primer amparo marca un precedente clave en la aplicación de la reforma al artículo 127.
Sin embargo, aún quedan múltiples recursos legales en curso.
El tema de las pensiones doradas seguirá en discusión en tribunales federales en las próximas semanas, con posibles resoluciones que definirán el futuro de miles de jubilados.
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