La XVIII Legislatura de Quintana Roo avanzó en una reforma para modernizar el Sistema Estatal Anticorrupción, con el objetivo de hacerlo más eficiente, transparente y alineado al modelo nacional. Las iniciativas buscan reducir trámites, optimizar recursos públicos y fortalecer la vigilancia ciudadana sobre posibles actos de corrupción.
El paquete legislativo fue impulsado por el grupo parlamentario de MORENA y ya fue turnado a comisiones para su análisis. Las propuestas también contemplan cambios en organismos clave de transparencia y derechos humanos.
Las reformas se discutieron durante la sesión ordinaria número 29, celebrada en la ciudad de Chetumal, donde se destacó la necesidad de armonizar el marco jurídico local con estándares nacionales.
El Congreso local impulsa dos iniciativas complementarias para renovar el Sistema Estatal Anticorrupción. Ambas buscan simplificar la estructura normativa y hacer más ágil la toma de decisiones.
Una de las propuestas plantea reformar el artículo 161 de la Constitución Política del Estado. El objetivo es mover procedimientos técnicos a leyes secundarias para dar mayor claridad al texto constitucional.
También se busca integrar al Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo al Comité Coordinador del sistema. Con ello, se pretende reforzar el acceso a la información pública como herramienta para detectar y prevenir actos de corrupción.
Las iniciativas fueron presentadas en la XVIII Legislatura y están siendo revisadas en comisiones antes de su discusión final en el pleno.
Cambios en selección, austeridad y paridad de género
Otro eje central de la reforma es la modificación del proceso de selección de la Comisión encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana.
El periodo de la Comisión de Selección pasaría de cinco a tres años. Esto busca evitar estancamientos y agilizar la renovación de perfiles.
Además, se establece que la integración de este órgano deberá incluir perfiles académicos y de sociedad civil. También se garantiza la paridad de género en todo momento.
De acuerdo con los legisladores, estas medidas buscan fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el combate a la corrupción.
Ajustes en derechos humanos y lenguaje incluyente
En la misma sesión legislativa también se aprobaron reformas a la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo y a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
En el caso de la Defensoría Pública, los cambios buscan incorporar lenguaje incluyente y no sexista. El objetivo es eliminar expresiones que refuercen desigualdades de género.
Para la Comisión de Derechos Humanos, la reforma amplía su competencia para investigar violaciones cometidas por cualquier autoridad estatal o municipal.
También se establece el uso obligatorio de lenguaje neutro y el principio de igualdad sustantiva como eje rector de sus resoluciones.
Un modelo más austero y alineado al sistema nacional
Las reformas buscan armonizar el marco jurídico de Quintana Roo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Esto incluye principios de austeridad, eficiencia y transparencia.
Legisladores señalaron que el objetivo es reducir duplicidades en instituciones y mejorar el uso de recursos públicos.
También se pretende fortalecer la rendición de cuentas y facilitar la vigilancia ciudadana sobre el desempeño de las autoridades.
El paquete legislativo aún deberá pasar por comisiones antes de llegar a votación en el pleno.
Las iniciativas marcan un intento de reconfigurar el sistema anticorrupción en Quintana Roo con un enfoque más eficiente y alineado a estándares nacionales. Su avance en el Congreso local será clave para definir el futuro de los mecanismos de transparencia y control institucional en el estado.
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