El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que el traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos respondió a un interés de seguridad nacional. El funcionario explicó que los criminales continuaban operando desde los penales mexicanos mediante visitas y redes de corrupción, lo que representaba un riesgo para el país.
Operaban desde prisión
De acuerdo con Harfuch, los internos utilizaban las visitas familiares y legales como mecanismo para mantener comunicación con el exterior. A través de estas, amenazaban a funcionarios, tejían redes de corrupción y seguían dirigiendo secuestros, extorsiones y homicidios.
“Considerando las actividades a las que se han dedicado, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país, es por ello que el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República procedieron al traslado de estos objetivos”, explicó.
El secretario puntualizó que, por respeto a los derechos humanos, las visitas no podían prohibirse, lo que se convirtió en una vía para que los delincuentes mantuvieran control sobre sus organizaciones.
Intentos de amparo
Antes del traslado, algunos de los reos interpusieron amparos para permanecer en cárceles de menor seguridad. Otros, que ya se encontraban en penales federales, esperaban resoluciones que podrían facilitar su traslado a prisiones estatales, lo que aumentaba el riesgo de fuga o de continuar operando con mayor libertad.
También existían litigios en curso que buscaban la liberación anticipada de varios de los implicados. Ante este escenario, el gobierno mexicano decidió actuar con rapidez para evitar que recuperaran poder dentro o fuera de prisión.
Amenaza a la seguridad nacional
Harfuch sostuvo que el traslado de los 26 narcotraficantes se enmarca en la estrategia de cero impunidad impulsada por el gobierno federal. “Esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios”, dijo.
El funcionario insistió en que la presencia de estos criminales en penales mexicanos representaba una amenaza directa a la seguridad del país, pues contaban con capacidad logística, recursos económicos y vínculos con organizaciones delictivas internacionales.
Cooperación con Estados Unidos
El envío de los delincuentes se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos, país que los requiere por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
La medida refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad, en un momento en que ambas naciones enfrentan presiones internas por la violencia asociada al tráfico de drogas y la expansión de cárteles transnacionales.
Un mensaje de autoridad
Con esta acción, el gobierno mexicano busca enviar un mensaje de firmeza frente al crimen organizado: ningún delincuente, incluso tras las rejas, debe tener capacidad de seguir operando.
Analistas en seguridad consideran que el traslado puede reducir, al menos temporalmente, la capacidad de mando de ciertos grupos criminales, aunque advierten que las redes externas de estas organizaciones siguen activas en territorio mexicano.
Balance
El traslado de 26 narcos a Estados Unidos constituye una medida extraordinaria que responde a la amenaza que representaban al continuar operando desde prisión. La decisión refleja tanto el compromiso del gobierno mexicano con la estrategia de seguridad, como la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
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