Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó que el Gobierno de México está absolutamente en contra de cualquier tipo de censura, al hacer referencia directa a la controvertida reforma legal en Puebla, conocida en medios y redes sociales como la “Ley Censura”.
Durante la tradicional conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador —encabezada esta vez por Rodríguez debido a compromisos internacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum—, la funcionaria federal dejó claro que la Cuarta Transformación sigue comprometida con la libertad de expresión, principio que considera innegociable.
¿Qué es la “Ley Censura” y por qué ha generado controversia?
La ley en cuestión es una reforma al Código Penal del estado de Puebla que fue aprobada recientemente por el Congreso local y que establece sanciones por «violencia mediática y digital», una figura que ha sido interpretada por diversos sectores de la sociedad civil y medios de comunicación como un mecanismo para restringir la libertad de prensa y expresión en redes sociales.
Organismos como Artículo 19, la CNDH y diversos colectivos de periodistas han advertido que esta medida podría abrir la puerta a interpretaciones legales que criminalicen el ejercicio periodístico y el activismo digital, en un contexto donde la prensa mexicana ya enfrenta altos niveles de riesgo.
Rosa Icela: “Libertad, libertad y derecho”
Rosa Icela Rodríguez fue enfática en su postura al declarar que:
“En México no debe haber censura. Libertad, libertad y derecho. El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se precia de defender las libertades y los derechos fundamentales”.
La funcionaria también destacó que “cualquier momento es bueno para corregir”, en alusión a la decisión del gobernador Alejandro Armenta de enviar un exhorto al Congreso de Puebla para que la ley sea revisada. Para la titular de Segob, la propuesta de someter la reforma al juicio público es un paso correcto.
“Lo que me pareció bien es que se diga que se someta a una revisión de la población. No a la censura”, remató.
El llamado a la revisión: ¿una salida política?
Tras la oleada de críticas, el gobernador Armenta declaró que enviará al Poder Legislativo local una invitación formal para revisar y, en su caso, modificar el artículo más polémico de la reforma, relacionado con la figura de ciberacoso. Este gesto fue interpretado por la Segob como un reconocimiento tácito del error y una oportunidad para el diálogo con la sociedad poblana.
La libertad de expresión como eje de gobierno
La reacción del Gobierno federal tiene especial relevancia al ser la primera gran postura pública sobre libertad de prensa bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque Sheinbaum aún no se ha pronunciado directamente sobre la Ley Censura, su equipo ha reforzado el mensaje de que el nuevo gobierno no tolerará retrocesos en derechos civiles.
La Secretaría de Gobernación reiteró que México debe garantizar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, y que cualquier legislación que lo ponga en riesgo será motivo de revisión y debate.
Contexto nacional e internacional
México se mantiene en los primeros lugares mundiales de agresiones contra periodistas, según organismos como Reporteros Sin Fronteras. Por ello, cualquier indicio de censura legal genera reacciones inmediatas tanto en el país como en el extranjero.
De hecho, en redes sociales y medios digitales, el hashtag #NoALaLeyCensura fue tendencia nacional, y varias asociaciones de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), solicitaron al Gobierno federal que fijara una postura clara.
Conclusión: entre la presión social y la defensa institucional
La respuesta de Rosa Icela Rodríguez representa un freno político a iniciativas que podrían vulnerar la libertad de expresión, y marca una diferencia entre los niveles de gobierno. Mientras el Congreso poblano revisa su polémica reforma, el mensaje desde Palacio Nacional ha sido contundente: “En México no debe haber censura”.
La revisión de esta ley podría sentar un precedente importante sobre los límites legislativos en temas de libertad digital y mediática.
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