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Diputados aprueban nueva Ley General de Aguas en México

La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas, con el objetivo de regular el acceso, uso y aprovechamiento del recurso hídrico en México, además de imponer multas superiores a 4.5 millones de pesos y penas de hasta ocho años de prisión a quienes cedan o transmitan ilegalmente concesiones de agua. La sesión se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en medio de un debate prolongado entre Morena y la oposición.

Regulación y sanciones más severas

La nueva legislación incorpora 124 reformas, 33 adiciones y 17 derogaciones con el fin de actualizar el marco jurídico del agua en México. Uno de los cambios más relevantes es la imposición de sanciones económicas que van desde 244,382 pesos hasta los 3.3 millones de pesos, e incluso pueden superar los 4.5 millones en caso de reincidencia, para quienes cambien el uso autorizado en una concesión o cedan el líquido a terceros.

Además, se establecen penas de uno a ocho años de prisión y multas de 300 a 3,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quienes obtengan concesiones mediante sobornos o dádivas a funcionarios responsables de autorizarlas.

El dictamen también marca un cambio sustancial al precisar que los derechos otorgados bajo concesiones o asignaciones no podrán ser transmitidos, con lo que se busca combatir prácticas históricas de acaparamiento y comercialización irregular.

Nuevas regulaciones sobre captación de agua pluvial

Una de las disposiciones destacadas de la nueva Ley General de Aguas es la regulación de la captación de agua pluvial para uso personal y doméstico, que hasta ahora carecía de un marco normativo claro. Esta medida responde a la creciente necesidad de encontrar soluciones alternativas ante la crisis hídrica que enfrenta el país.

Asimismo, la ley establece con mayor claridad las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno —municipal, estatal y federal— en materia de acceso, disposición y saneamiento del agua, a fin de garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento establecido en la Constitución.

Creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales

La reforma contempla la creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este fondo estará integrado por volúmenes derivados de la extinción de concesiones, cesiones en favor de la “Autoridad del Agua” y derechos preferentes establecidos en la ley.

Este instrumento permitirá a la autoridad planificar el uso del recurso en regiones donde exista estrés hídrico o altos niveles de extracción.

Obligaciones para unidades y distritos de riego

El artículo 54 establece que las unidades y distritos de riego deberán reportar anualmente a la Autoridad del Agua el volumen bruto extraído, el volumen utilizado, la superficie cultivada y la producción generada, con el objetivo de fortalecer el control y monitoreo del recurso en el sector agrícola, uno de los que más consumo registra.

El debate en San Lázaro

Durante la discusión, el diputado Jesús Martín Cuanalo, del PVEM, defendió el dictamen, destacando que la reforma busca poner fin al acaparamiento, combatir la venta ilegal y priorizar la disponibilidad del líquido para toda la población. Afirmó que el proyecto beneficia al campo y a la producción alimentaria.

Por su parte, la diputada de Morena Xóchitl Zagal sostuvo que la aprobación garantiza el derecho humano al agua potable y al saneamiento, calificando la medida como un “triunfo” impulsado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

En contraste, legisladores del PAN argumentaron que la reforma es centralista y podría afectar al campo. El diputado Paulo Gonzalo Martínez acusó a Morena de buscar control absoluto sobre el agua, asegurando que la propuesta podría limitar la producción agrícola.

Continuará el debate en lo particular

Tras la aprobación en lo general, los diputados pasaron a la votación en lo particular, donde se prevén reservas y discusiones adicionales antes de que la reforma avance al Senado.


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