Una jueza federal concedió a Simón Levy, exsubsecretario de Turismo, una suspensión provisional y dio 48 horas a un juez de control de la Ciudad de México para informar si libró orden de aprehensión en su contra el pasado 8 de agosto, tras acusaciones que el exfuncionario considera parte de una persecución política.
El amparo de Simón Levy
Ruby Celia Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, emitió la resolución que protege provisionalmente a Levy de una posible detención, siempre que la supuesta orden esté vinculada a delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
La jueza aclaró que la suspensión no significa detener el proceso penal, sino garantizar los derechos del promovente mientras se esclarece la situación jurídica.
La presunta orden de captura
El exsubsecretario de Turismo recurrió al juicio de amparo al considerar que, el 8 de agosto, un juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la CDMX, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 8, pudo haber librado la orden de aprehensión en su contra dentro de la carpeta 008/734/2022.
Según Levy, no existe notificación oficial, pero detectó irregularidades en el expediente al intentar consultarlo el 11 de agosto, sin que estuviera disponible. Además, mencionó que en redes sociales circuló información sobre la supuesta orden, aunque no ha podido confirmarla.
Acusaciones de persecución política
El exfuncionario acusó que las acciones en su contra derivan de sus críticas hacia Morena y de los señalamientos de presunta corrupción que ha compartido en sus redes sociales.
“Se vino una escalada malintencionada en mi contra”, afirmó, al explicar que notificó sobre el caso a instancias internacionales, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al considerar que se trata de una persecución institucional.
Contexto político
Levy ha mantenido una postura crítica hacia la llamada Cuarta Transformación. En diversas ocasiones ha denunciado, a través de comunicados y publicaciones en redes sociales, prácticas de corrupción que, asegura, han sido minimizadas o encubiertas por las autoridades.
La supuesta orden de captura se convierte ahora en un nuevo capítulo en la confrontación entre el exfuncionario y sectores del actual gobierno federal.
Próximos pasos judiciales
La jueza Castellanos Barradas dio un plazo de 48 horas al juez señalado para informar si efectivamente emitió la orden de aprehensión. Con esa respuesta, el juzgado federal decidirá sobre la suspensión definitiva solicitada por Levy.
El proceso podría definir si el exsubsecretario enfrenta un proceso en libertad o si existen delitos que ameriten medidas cautelares más estrictas.
El caso pone de nuevo en debate la relación entre política y justicia en México, con un exfuncionario que denuncia persecución y un aparato judicial que deberá confirmar si existe o no una orden vigente en su contra.
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