La XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo turnó a comisiones una iniciativa que busca garantizar la seguridad jurídica y patrimonial de los ciudadanos, mediante reformas al Código Civil del Estado. La propuesta fue presentada en la sesión ordinaria número 3 por la diputada Diana Frine Gutiérrez García y plantea que los contratos de promesa de compraventa de bienes inmuebles deban inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.
Una medida para proteger a las familias
Durante la sesión, presidida por la diputada Silvia Dzul Sánchez, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 2545 Bis y reforma los artículos 3159 y 3199 del Código Civil. La legisladora promotora explicó que la medida responde a una necesidad ciudadana real, pues actualmente los contratos de promesa no requieren registro, lo que puede derivar en problemas legales.
El vacío normativo permite que, incluso con la firma ante notario, un tercero desconozca el acuerdo, abriendo la puerta a fraudes como ventas dobles, litigios prolongados o pérdida de confianza en los procesos legales.
Qué plantea la reforma
La iniciativa establece como obligatoria la anotación marginal de los contratos de promesa relacionados con bienes inmuebles o derechos reales en el Registro Público de la Propiedad. Con ello se busca dar certeza jurídica, evitar prácticas desleales y garantizar la seguridad patrimonial de las familias quintanarroenses.
La diputada Gutiérrez García subrayó que se trata de un esfuerzo por proteger el patrimonio de los ciudadanos, resultado de años de trabajo e inversión, frente a vacíos legales que hoy dejan en riesgo a miles de familias.
Impacto esperado
De aprobarse, la medida permitirá que los contratos de promesa adquieran un reconocimiento pleno y eviten ser desconocidos por terceros, fortaleciendo la transparencia y la confianza en las transacciones de bienes inmuebles.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis detallado, donde se espera que se discutan los alcances y ajustes técnicos necesarios antes de su eventual aprobación en el Pleno Legislativo.
Contexto social y jurídico
En Quintana Roo, como en otros estados del país, la compraventa de inmuebles suele enfrentarse a problemas por duplicidad de contratos, vacíos en registros o prácticas abusivas que afectan directamente a ciudadanos y familias. Especialistas en derecho civil han señalado que la falta de obligatoriedad en el registro de las promesas de contrato genera inseguridad jurídica y propicia conflictos judiciales innecesarios.
La propuesta legislativa busca responder a esa preocupación, alineándose con estándares que priorizan la transparencia y el acceso a mecanismos legales que den certidumbre a la ciudadanía.
Un paso en la agenda legislativa
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades destacó que esta reforma también busca dar un mensaje de confianza y protección a los jóvenes y nuevas generaciones que buscan invertir en su patrimonio.
Se espera que en las próximas semanas las comisiones dictaminadoras presenten un informe sobre la viabilidad de la iniciativa, la cual podría sentar un precedente en la forma de garantizar la seguridad patrimonial en el estado.
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