La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) negó la indemnización a la familia de un supervisor de Petróleos Mexicanos asesinado por huachicoleros en 2020 en Querétaro, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 250/2023 acreditando violaciones a derechos humanos y ordenando la reparación integral del daño. La decisión fue firmada en noviembre de 2025 por la titular del organismo y se basó en que Pemex no aceptó formalmente dicha recomendación.
El caso ha generado un nuevo debate sobre los alcances de la Ley General de Víctimas y el carácter no vinculante de las recomendaciones emitidas por la CNDH.
El caso: asesinato en operativo contra huachicol
El 13 de agosto de 2020, José Guadalupe Pacheco Malagón, supervisor adscrito al área de Salvaguardia Estratégica de Pemex, fue asesinado junto con tres trabajadores en la comunidad de Cazadero, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. Los empleados atendían un reporte relacionado con actividades de robo de hidrocarburos.
El ataque fue directo y contundente: sujetos armados interceptaron la unidad en la que viajaban y dispararon en más de 400 ocasiones contra el vehículo. Ninguno de los trabajadores logró sobrevivir.
El operativo formaba parte del llamado Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, implementado al inicio del sexenio anterior para frenar la perforación clandestina de ductos en estados como Querétaro e Hidalgo.
Recomendación 250/2023 de la CNDH
Tras denuncias de los familiares, la CNDH inició una investigación que concluyó con la emisión de la Recomendación 250/2023. El organismo acreditó violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, trato digno y seguridad en el trabajo de las víctimas.
Omisiones detectadas
La CNDH determinó que existieron omisiones por parte de mandos superiores de Pemex, entre ellas:
- Falta de evaluación adecuada de riesgos.
- Deficiente planeación del operativo.
- Ausencia de coordinación con fuerzas armadas y Guardia Nacional.
- Exposición del personal a una zona de alta incidencia delictiva sin respaldo suficiente.
La recomendación incluyó iniciar procedimientos administrativos contra funcionarios responsables y colaborar con la CEAV en el proceso de reparación del daño.
CEAV niega indemnización víctimas huachicoleros
Pese a la recomendación vigente, la CEAV resolvió improcedente la compensación económica solicitada por la viuda y los hijos del trabajador asesinado. El argumento central fue que Pemex no aceptó formalmente la recomendación emitida por la CNDH.
En el expediente CEAV/DGCIE/2S.7/737/2024, el organismo señaló que, al no ser vinculantes las recomendaciones de la CNDH, la negativa de Pemex invalida sus efectos para efectos de compensación.
Esta postura ha sido cuestionada por la representación legal de la familia, que sostiene que la Ley General de Víctimas no exige la aceptación de la recomendación como requisito para la reparación integral.
Familia promueve amparo
La abogada Reyna Velasco, representante de las víctimas, calificó la resolución como “ilegal” y anunció la promoción de un juicio de amparo contra la determinación.
Argumentó que el artículo 65 de la Ley General de Víctimas contempla como modalidad suficiente la existencia de una recomendación de un organismo de derechos humanos, sin requerir su aceptación por parte de la autoridad señalada.
El litigio podría sentar un precedente relevante para otros casos similares en los que la reparación dependa de interpretaciones administrativas restrictivas.
Debate sobre reparación y derechos humanos
El caso ha puesto sobre la mesa el alcance real de los mecanismos de protección a víctimas en México. Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que condicionar la reparación a la aceptación de una recomendación podría generar revictimización.
La CEAV, como órgano encargado de garantizar la reparación integral del daño, enfrenta cuestionamientos sobre su interpretación de la norma y su papel frente a otras instituciones del Estado.
Especialistas señalan que el criterio adoptado podría afectar a cientos de víctimas que cuentan con recomendaciones de la CNDH no aceptadas por autoridades responsables.
Impacto más allá del caso
La negativa de indemnización no solo impacta a la familia del trabajador fallecido, sino que también refleja las dificultades estructurales que enfrentan las víctimas de violencia laboral y del crimen organizado en México.
El robo de hidrocarburos ha generado pérdidas millonarias al Estado y riesgos para trabajadores y comunidades. Casos como este evidencian la vulnerabilidad del personal desplegado en operativos de alto riesgo.
A más de cinco años del asesinato, los familiares continúan en la búsqueda de justicia y reconocimiento del daño sufrido.
La discusión judicial que ahora inicia podría definir el alcance de la reparación integral cuando existen recomendaciones de organismos autónomos. El desenlace será observado por colectivos de víctimas y expertos en derechos humanos.
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