La Fiscalía General del Estado (FGE) capturó a Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N”, señalados por su presunta responsabilidad en delitos contra el medio ambiente, la fauna y por fraude, luego de descubrirse un crematorio irregular de mascotas que operaba en el municipio de Othón P. Blanco sin permisos ni controles sanitarios.
Las investigaciones revelaron que el negocio prometía servicios de incineración de mascotas, pero en realidad los cadáveres eran abandonados en predios baldíos dentro de bolsas de plástico. Los clientes, en lugar de recibir cenizas auténticas, obtenían urnas llenas de tierra, según confirmó el Ministerio Público.
Operativo coordinado tras múltiples denuncias ciudadanas
De acuerdo con la FGE, las detenciones se realizaron tras recibir más de 80 denuncias de familias afectadas, que reportaron irregularidades en el crematorio.
Elementos ministeriales realizaron una inspección en el establecimiento, donde constataron que no contaba con permisos municipales ni ambientales, y que los hornos crematorios no habían sido utilizados pese a que se cobraban entre mil 500 y 2 mil 500 pesos por servicio.
El operativo contó con el apoyo de la Secretaría de Ecología, la Procuraduría de Protección al Ambiente y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, quienes localizaron 150 cadáveres de mascotas en tres de cuatro terrenos baldíos en la colonia Barrio Bravo, muy cerca del local señalado.
Engaño con ceremonias falsas y urnas con tierra
Las primeras indagatorias apuntan a que Guillermo Alejandro “N”, propietario del negocio, coordinaba las operaciones, mientras que Briseidy “N” era la encargada de recibir los pagos por transferencia y organizar rituales simbólicos para despedir a las mascotas.
Las ceremonias incluían flores, incienso y velas, lo que generaba confianza entre los dueños que buscaban una despedida digna para sus animales de compañía. Sin embargo, la FGE documentó que ninguna de las mascotas fue incinerada, y que los restos eran arrojados ilegalmente en la periferia de la ciudad.
“Este caso representa una grave violación a la confianza de los ciudadanos, al respeto por la vida animal y a las normas ambientales”, señaló una fuente ministerial.
Autoridades llaman a nuevas denuncias
La Fiscalía General del Estado informó que el caso continúa bajo investigación, y que se mantiene abierta la carpeta de investigación por delitos ambientales y fraude.
Las autoridades exhortaron a cualquier ciudadano que haya contratado los servicios del crematorio a acudir a las instalaciones de la FGE para presentar su denuncia formal y aportar pruebas que fortalezcan el proceso penal.
Asimismo, la Fiscalía reiteró su compromiso de garantizar justicia a las víctimas defraudadas, tanto humanas como animales, y reforzar la vigilancia en negocios relacionados con el manejo de restos de mascotas, para evitar que casos similares vuelvan a repetirse.
Delito ambiental y responsabilidad social
El abandono de cadáveres de animales constituye una violación directa a las normas ambientales, ya que puede contaminar suelos y aguas, además de representar un riesgo sanitario.
La Procuraduría de Protección al Ambiente confirmó que los restos serán incinerados adecuadamente, mientras se realiza el proceso de identificación y cierre de los predios afectados.
En paralelo, colectivos animalistas en Chetumal manifestaron su indignación ante los hechos y exigieron sanciones ejemplares para los responsables.
“Las mascotas son parte de las familias. Lo que pasó no puede quedar impune”, expresaron integrantes de la organización “Huellas del Sur”.
FGE refuerza la protección animal en Quintana Roo
La Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente y la fauna, y destacó que este caso marcará un precedente en la lucha contra el maltrato animal y los fraudes en servicios funerarios para mascotas.
El organismo anunció que se fortalecerán las inspecciones a crematorios, veterinarias y centros de cuidado animal, así como campañas de educación ciudadana para promover denuncias responsables.
“Cada denuncia cuenta. La participación ciudadana es clave para evitar la impunidad y proteger la vida animal”, destacó la dependencia.
Este caso refleja la importancia de verificar la legalidad y permisos de cualquier servicio funerario para mascotas antes de contratarlo.
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