El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, fue asesinado la tarde del lunes 4 de agosto en Reynosa por un grupo armado que primero arrojó una granada a su vehículo y posteriormente lo acribilló. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el hecho y señaló que el Gabinete de Seguridad se encargará de informar los detalles del caso, mientras reiteró su compromiso para lograr justicia.
Crimen en Reynosa: granada y ráfagas de fuego
De acuerdo con reportes preliminares, el delegado viajaba en una camioneta cuando fue atacado por sujetos armados que le lanzaron una granada. Tras el estallido, Vázquez Reyna logró descender del vehículo, pero fue interceptado y disparado en múltiples ocasiones, perdiendo la vida en el lugar. El ataque ocurrió en una de las zonas más conflictivas de Reynosa, ciudad golpeada por la violencia vinculada al crimen organizado y al tráfico de hidrocarburos (huachicol).
Sheinbaum: “Apoyamos para hacer justicia”
En su conferencia de prensa matutina del martes 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato y aseguró que desde el primer momento, el caso quedó en manos del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la FGR y la fiscalía estatal.
“Se está apoyando para poder hacer justicia. El Gabinete de Seguridad va a informar los detalles”, dijo desde Palacio Nacional.
Aclaró que, personalmente, no ha hablado con el gobernador Américo Villarreal, pero confirmó que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se encuentra en comunicación con las autoridades locales.
¿El crimen está relacionado con huachicol?
Aunque no se confirmó oficialmente el móvil del asesinato, la prensa local y fuentes de seguridad especulan que el crimen podría estar relacionado con investigaciones sobre robo de combustible en la región. Tamaulipas, y en particular Reynosa, es considerado un foco rojo del huachicol, controlado por grupos del crimen organizado que disputan rutas, ductos y territorio.
El gobierno federal evitó hacer declaraciones contundentes al respecto y se limitó a señalar que las indagatorias continúan bajo sigilo, aunque con apoyo federal total.
Perfil de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna
Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna fue designado como delegado de la FGR en Tamaulipas en 2023. Durante su gestión, participó en investigaciones relevantes contra el narcotráfico y el robo de hidrocarburos. De perfil discreto, era considerado un funcionario leal al actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Su asesinato representa un duro golpe para el aparato de justicia federal en una entidad donde la infiltración criminal en instituciones de seguridad ha sido ampliamente documentada.
Tamaulipas bajo fuego
El crimen ocurre en un contexto de intensa violencia en la entidad. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas ha reportado más de 300 homicidios dolosos en lo que va del año, y se mantiene como uno de los estados con mayor número de agresiones contra autoridades.
Además, la entidad ha sido escenario de diversos ataques a funcionarios y elementos de seguridad federales y estatales, muchos de ellos vinculados a conflictos entre facciones criminales como el Cártel del Golfo y otras células.
El Gabinete de Seguridad asumirá la comunicación
A pregunta expresa de la prensa, Sheinbaum insistió en que será el Gabinete de Seguridad quien informe si existe relación directa entre el asesinato de Vázquez Reyna y organizaciones delictivas. También destacó que la prioridad es hacer justicia, pero sin comprometer la secrecía de la investigación.
“Nosotros no vamos a especular. La Fiscalía y el Gabinete tienen la información y ellos se encargarán de comunicarlo”, reiteró.
Conclusión: violencia contra servidores públicos en aumento
El asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas es un recordatorio del riesgo que enfrentan los operadores de justicia en regiones con presencia del crimen organizado. El caso genera presión sobre el gobierno federal para actuar con firmeza, no solo en la resolución del crimen, sino también en el fortalecimiento institucional en entidades vulnerables.
La ciudadanía espera que las promesas de justicia se traduzcan en resultados concretos y que la violencia contra funcionarios no se normalice ni quede impune.
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