El Senado aprobó este jueves la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos, que establece el uso de la CURP biométrica vinculada a la Llave MX electrónica y la creación de un Expediente Digital Ciudadano, con el propósito de agilizar trámites en el país. La medida, impulsada por el oficialismo, fue respaldada sin modificaciones importantes, pese a las críticas de sectores opositores que advierten riesgos en el manejo de datos personales.
Qué incluye la ley y su alcance
La ley aprobada establece como obligatorio que todas las instituciones públicas y autónomas —incluidas universidades— utilicen la CURP biométrica como documento nacional digital, eliminando requisitos de identificación adicionales. La Llave MX servirá como clave única vinculada a esa CURP, permitiendo acceso a trámites de manera segura.
Además, el texto contempla el desarrollo de un Expediente Digital Ciudadano capaz de interoperar datos y documentos, así como un Portal Ciudadano Único y un número nacional de atención para orientación y seguimiento.
Todas las dependencias deberán adherirse a este esquema digital, y los ciudadanos deberán dar su consentimiento expreso para el uso de sus datos personales en estos sistemas.
Centralización vs. digitalización eficiente
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la entidad responsable de centralizar toda la información, lo que ha despertado preocupación en legisladores de oposición.
Priistas, panistas y representantes del Movimiento Ciudadano argumentan que la ley crea un sistema centralista y carente de mecanismos suficientes de protección y sanción en caso de vulneraciones. Además, alertan sobre los costos y la capacidad de ejecución, ya que el presupuesto para implementarla no ha sido claramente asignado ni garantizado.
Voces críticas en el Senado
El diputado Néstor Camarillo (PRI) cuestionó que la digitalización esté siendo utilizada para fortalecer el poder central sin contrapesos, mientras que Alejandra Barrales (MC) señaló que el sistema atenta contra el federalismo y la municipalidad libre.
Por su parte, la panista Laura Esquivel calificó la ley como una estrategia para concentrar información y poder, sin proteger datos personales. La priista Claudia Anaya enfatizó que la falta de recursos podría obstaculizar la puesta en marcha del sistema digital.
Riesgos en la privacidad y seguridad
Expertos en protección de datos han advertido que, sin marcos claros de fiscalización y sanciones, el sistema puede estar expuesto a filtraciones o uso indebido de información biométrica. Asimismo, temen posibles fallas técnicas que generen desigualdad en el acceso digital, especialmente en zonas rurales o de baja conectividad.
Quienes impulsan la ley defienden que el consentimiento, la interoperabilidad segura y la regulación a través de la autoridad nacional garantizan privacidad y funcionalidad, aunque aun falta regular esquemas de sanción y control ciudadano.
Próximos pasos para su implementación
La ley ahora pasa al Ejecutivo federal para su promulgación y posterior reglamentación. La autoridad tendrá que establecer los lineamientos técnicos, así como los recursos y plazos para integrar la CURP biométrica, Llave MX, expediente digital y accesos al portal único.
También se anticipa la elaboración de protocolos de seguridad informática y cláusulas preventivas para regular el uso, resguardo y transferencia de datos.
Impacto en los ciudadanos
La ley promete simplificar trámites oficiales al eliminar documentación física y agilizar procesos, con potencial para reducir tiempos y costos en la gestión pública. Sin embargo, el éxito dependerá de su capacidad para garantizar protección efectiva de datos y garantizar acceso igualitario al servicio digital en todo el país.
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