El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que solicitará posponer la discusión y dictaminación de la iniciativa sobre revocación de mandato, originalmente programada para este lunes a las 18:00 horas.
El aplazamiento se da tras la petición de los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira, y del PAN, Elías Lixa, quienes solicitaron más tiempo para analizar la propuesta y evitar lo que consideraron un “albazo” legislativo.
“He estado conversando con los coordinadores del PAN, del PRI, del PT, del Verde y más tarde con MC. Me han pedido que no sea precipitado y que podamos dar oportunidad a un mayor debate sobre el tema”, explicó Monreal en conferencia de prensa desde San Lázaro.
El motivo del aplazamiento
El senador detalló que pedirá al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, que se amplíe el plazo para debatir la iniciativa y se escuchen las distintas posturas de los grupos parlamentarios.
“Voy a solicitarle al presidente de la comisión que espere unos días mientras se amplía el debate entre los diputados y diputadas. No estamos haciendo nada indebido; si nos asiste la razón histórica y política, no hay por qué precipitar un tema tan importante”, subrayó Monreal.
La solicitud busca garantizar un proceso legislativo transparente y participativo, donde puedan discutirse a fondo los alcances de la reforma en materia de revocación de mandato presidencial.
Detalles de la iniciativa
La propuesta fue presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena, e impulsa una modificación al artículo 35 de la Constitución Política, con el fin de que la consulta de revocación de mandato presidencial se realice el mismo día que las elecciones intermedias de 2027, es decir, el primer domingo de junio.
La oposición ha criticado esta iniciativa al considerar que podría generar confusión electoral y beneficiar al partido en el poder al coincidir con procesos políticos clave.
Posturas de los partidos
El coordinador del PAN, Elías Lixa, celebró la decisión de aplazar la discusión:
“Se había convocado a una comisión fuera de los plazos legales. Los dictámenes deben circularse con al menos cinco días de anticipación, cosa que no sucedió. Por lo tanto, era necesario cumplir con los plazos establecidos”, explicó.
Lixa destacó que el PAN trabaja en propuestas concretas para modificar el dictamen, priorizando el respeto a los derechos ciudadanos y la transparencia del proceso.
“Es un acierto no llevarlo con prisas. Se requiere profundidad en el análisis para garantizar un proceso democrático responsable”, agregó.
Por su parte, el PRI también expresó su respaldo al aplazamiento, señalando que la reforma debe debatirse con rigor técnico y político, sin presiones ni imposiciones.
Posible parlamento abierto
Monreal Ávila mencionó que si la Comisión de Puntos Constitucionales decide abrir un proceso de parlamento abierto, estará en todo su derecho, lo que permitiría que académicos, expertos y ciudadanos participen en la discusión pública.
“No hay problema si así lo decide la comisión. Tienen plena libertad y autonomía. Lo que pedimos es que se escuchen todas las voces y se delibere con responsabilidad”, afirmó.
Implicaciones políticas
El tema de la revocación de mandato ha sido uno de los más controvertidos en el Congreso desde su inclusión en la Constitución. La nueva propuesta busca unificar fechas para reducir costos y promover la participación ciudadana, aunque sus detractores advierten posibles riesgos de manipulación política.
Con este aplazamiento, la Cámara de Diputados busca abrir un espacio de reflexión y consenso, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar la legitimidad del proceso democrático.
La Junta de Coordinación Política buscará establecer un nuevo calendario para la dictaminación en los próximos días, una vez que se haya garantizado la participación equitativa de todas las fuerzas políticas.
El debate sobre la revocación de mandato continuará siendo uno de los temas clave en la agenda legislativa, con impacto directo en el equilibrio democrático y en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
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